Desde hace décadas, “encargar” o “importar” automóviles, camionetas, colectivos y camiones mediante el contrabando, se ha hecho costumbre en el país y cualquiera se abroga el derecho de hacerlo, atenido a que no hay autoridad que ponga coto al delito. Así, por ejemplo, en el inicio del gobierno de 2006, un “alto” funcionario “recibió” 33 vehículos, llenos de mercadería, en Cobija, todos de contrabando, y con la encomienda de que él deposite en la Contraloría y la Renta el producto de ese turbio negocio y nada ocurrió porque, hasta ahora, jamás se dio información al respecto. Así, son múltiples los casos que pasan “desapercibidos” por las autoridades que son campeones para hacer la “vista gorda” ante el delito del contrabando. Y año tras año se anuncia la llegada de miles de unidades que ingresan por las muchas fronteras del país y que son producto del delito cometido periódicamente.

La agroindustria brasileña provoca alborozo en el vecino país al lograr una balanza comercial positiva por 10.100 millones de dólares solo en julio, informó el Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (IPEA, en portugués); con ello el superávit acumulado por Brasil subió a 64.045 millones de dólares, casi 20% más que en igual lapso del 2020 (“Agronegócio registrou superávit de US$ 10,1 bilhões em julho, aponta IPEA”, canalrural.com.br, 13/08/2021).

La madrugada del miércoles tres militares bolivianos acusados de robar autos fueron detenidos por Carabineros de Chile en territorio chileno en la región fronteriza de Colchane y de inmediato comenzó la guerra de versiones entre los dos países: Santiago habla de una incursión ‘grave’ de funcionarios del Ejército boliviano que entraron 15 kilómetros, mientras La Paz asegura que la patrulla hacía un operativo de decomiso de vehículos de contrabando.

En estos días la Fundación Friedrich Ebert está presentando en el país una serie de documentos con el título de Transformar la crisis. Comprende cuatro volúmenes sobre reactivación económica, crisis ecológica y extractivista, seguridad alimentaria y digitalización.

De manera constante estamos leyendo, escuchando y viendo situaciones vinculadas a los derechos humanos. Ello debiera llevarnos a conocer su importancia en la vida y en la construcción de unas condiciones de vida acordes a las que necesita y merece un ser humano. De hecho, en distintos documentos referidos a los derechos humanos se explicita que nosotros mismos provocamos experiencias humanas negativas porque ignoramos, no promovemos ni practicamos los derechos humanos.

Este año se cumplen 20 años del fallecimiento de Juan Lechín Oquendo, destacado líder sindical y secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia desde 1944 a 1987 y de la Central Obrera Boliviana desde 1952 a 1987.

Luego de enterrar el histórico artículo 7.b de la Constitución Política del Estado de 1967 sobre que “Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio (…) a emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión”, hoy existe una estructura por demás avanzada en la región a partir del resguardo y tutela constitucional sobre la comunicación y el periodismo.

A la Central Obrera Boliviana (COB) no se le pudo chispotear, pero a un dirigente o a un grupo de dirigentes seguramente sí se les puede ocurrir dar su apoyo político a un presidente y a un expresidente. Pero a la COB no se le chispoteo. Definitivamente, no.

En una entrega de agosto del presente año, comentábamos sobre un informe lanzado en mayo de este 2021 por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) titulado a “Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector” (Carbono Neutral al 2050 – Una hoja de Ruta para el Sector Mundial de la Energía). Este reporte sorprendió a gran parte de la comunidad energética global por su drasticidad, irresponsabilidad e inaplicabilidad.

El fututo de Bolivia podría decidirse ahora, en este nuevo año, no con una elección, sino como resultado de un duelo que se anuncia entre el modelo económico cruceño y el que propicia el caudillo de los cocaleros de Chapare.

El año 2017, a raíz del escándalo del Lava Jato; el mayor escándalo de corrupción en América Latina, escribí un artículo titulado Necesitamos reivindicar la moral. En el expresaba: “En Latinoamérica hay un antes y un después del escándalo Lava Jato. La gigantesca investigación por corrupción originada en Brasil se extendió rápidamente a otras naciones”.

Gobernantes, opositores y políticos-abogados dicen que hay necesidad de reformar la justicia, ¿cuántas cumbres de esta naturaleza se han realizado en el país? No recordamos, solo sabemos que la primera reforma judicial se efectuó en 1839 y desde entonces la “justicia” continúa sin remedio.

La obligatoriedad de portar el carnet de vacunación para acceder a servicios y comercios en el país es la medida más acertada que tuvo el Gobierno en el manejo de la pandemia, porque ha elevado exponencialmente la demanda de vacunas contra el coronavirus de una gran cantidad de personas que, mientras no veían un castigo de por medio, simplemente no mostraban ningún interés por la inmunización.

Fundación Milenio reporta que el descenso de la inversión pública en hidrocarburos se debió a menos recursos disponibles, evidenciándose que el sector no fue una prioridad para el gobierno y que el incremento ligero de la inversión pública en 2021 no ha modificado la situación general de bajas inversiones que habría incidido en la producción declinante.

Cuando hacemos planes personales o empresariales para el siguiente año, una variable fundamental a considerar es el crecimiento económico. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial sufrirá una desaceleración el 2023 debido a un contexto internacional desfavorable, por una contracción de la economía de China y Estados Unidos, la guerra de Ucrania, las altas tasas de interés y condiciones financieras más exigentes para acceder al crédito. Nuestra región, Latinoamérica, en 2023, solo crecerá 1,7%, que representa la mitad de este año y Bolivia a una tasa del 3,2% menor al 3,8% de lo proyectado para el 2022.