Es una buena noticia el descubrimiento de un nuevo yacimiento de plata en la región de Tacobamba, Potosí. Cuando está a punto de concluir la llamada “era del gas” —debido a la falta de inversiones para la reposición de reservas y la declinación de reservorios explotados al máximo—, que al parecer quedará como una “burbuja” en la historia económica del país, la minería reconfirma que es el cimiento de las exportaciones tradicionales, si se considera que a septiembre de 2022 representó 5.044 millones de dólares, en tanto que en ese mismo período las ventas externas de hidrocarburos llegaron a 2.306 millones de dólares y escalaron a 3.027 millones de dólares hasta noviembre, sin superar a las exportaciones mineras.

Es evidente que, debido a sus graves falencias, el sistema de justicia boliviano ha alcanzado tal grado de descomposición que podría convertirse en una crisis extrema a finales de 2023 cuando, por mandato constitucional, se realice la elección de las máximas autoridades del Órgano Judicial.

El pasado 16 de enero, un medio de prensa local titulaba: “Rendimiento de los aportes: En la Gestora llega a 4,51%, más alto que de las AFP”, agregando “En el caso de Futuro de Bolivia, el promedio de la rentabilidad en el último cuatrimestre del año pasado llegó a 3,34%; mientras que el de BBVA, en el mismo periodo de comparación, alcanzó a 3,47%”. La noticia. El periodista, no muy acucioso, por cierto, reproduce simple y llanamente la nota de prensa de la Gestora, sin mayor cuestionamiento, lo cual revela sus limitaciones. Comprensible. No es especialista en pensiones. Pero en el medio hay muchos expertos a quienes debió haber consultado.

La convocatoria a elecciones en el Comité pro Intereses de Santa Cruz para la gestión 2023-2025, en medio de la actual crisis por la aprehensión violenta, calificada por esa dirigencia regional como secuestro, y la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, ha motivado que el MAS manifieste que participará en esos comicios.

Aunque ya no es una noticia que podría causar una crisis ministerial o la desestabilización de un gobierno, según numerosas versiones que traen los medios de comunicación, escritos, radiales y televisión, el país está importando carne de diversa clase para abastecer a las regiones andinas, donde vive la mayoría de la población boliviana.

Deja más interrogantes que certezas el contrato o convenio firmado entre el Gobierno, representado por la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos, y un consorcio chino, el conglomerado Catl, Brunp & Cmoc (CBC), para explotar dos salares, el de Uyuni en Potosí y de Coipasa en Oruro, con la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). Es otro intento de industrialización del litio, que tiene la finalidad de superar los pobres resultados obtenidos por el primer proyecto impulsado por el expresidente Evo Morales, con una inversión cercana a 1.000 millones de dólares.

Hay frases que marcan una época y ésta será una de ellas: “Era mentira”. En realidad, se trata de la respuesta que el actual Ministro de Economía y Finanzas Publicas dio a unos periodistas cuando le preguntaron sobre las dificultades que confronta Bolivia por la declinación de la producción de gas y cómo se explicaba eso frente a las afirmaciones de un ex ministro de Hidrocarburos, quien orgulloso proclamaba que con la exploración del pozo de Boyui nadaríamos en un mar de gas. Era mentira… y una vez más en la historia Bolivia se malgastó la riqueza pasajera de sus recursos naturales y dejó pasar el tren del desarrollo con la ilusión de una bonanza pasajera.

El 20 de enero de 2023, dos días antes del discurso de aniversario del Estado Plurinacional, a media mañana, el Ministro de hidrocarburos y el Presidente del Estado anunciaron que se había llegado a un acuerdo entre YLB y un consorcio chino para explotar los salares de Uyuni y Coipasa.

El tema abordado hoy desde esta columna se trata de nuevas medidas tributarias que no se comprenden en sus propósitos, toda vez que la alta informalidad y la escasa bancarización parecen fomentarse con la presión fiscal y mayores obligaciones impositivas. En fin, al parecer nos tendremos que acostumbrar a no comprenderlas y simplemente acatarlas.

Son tres los pilares en que se apoyará la difícil economía nacional en la gestión administrativa actual: la venta de energía, alimentos y la concesión de créditos. Por esos valores, los objetivos son: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país de alrededor de 4,86 por ciento, una inflación al final de período de 3,3 por ciento y un déficit fiscal de aproximadamente -7,5 por ciento del PIB.

Realizar análisis prospectivos sobre lo que sucederá en un país es un ejercicio necesario, aunque arriesgado, especialmente cuando este atraviesa por coyunturas complejas, debilidad institucional y excesiva dependencia de decisiones políticas que generalmente son impredecibles. En el caso de Bolivia, la previsión cobra una mayor relevancia debido al persistente nivel de incertidumbre sobre el rumbo que tomará nuestra economía en el corto y el mediano plazo.

El domingo 15 del presente mes, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo emitió un comunicado señalando que la “Rentabilidad de los fondos administrados por la Gestora supera el 4%”. Al día siguiente, en primera plana y en un espacio bien destacado, La Razón titulaba: “La rentabilidad de la Gestora es más alta que de las AFP”. A esto debe sumarse una serie de presentadores y periodistas progubernamentales que, prácticamente, celebraban la noticia.

Este 20 de enero de 2023, en la Casa grande del pueblo, se anunció y firmó el convenio entre la empresa nacional Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para la implementación de Extracción Directa de Litio (EDL) en los salares de Uyuni y Coipasa. El presidente Luis Arce Catacora afirmó, energéticamente, que “hoy Bolivia entra en la era de industrialización del litio”. El discurso del presidente olvida que, en 2008, el gobierno de Evo Morales, del cuál él era su ministro de Finanzas, realizó un anunció parecido, y que en 14 años no ha habido exportación industrial de carbonato de litio.

El viernes 19 de enero de 2022, el país se sorprendió con la noticia de que el gobierno estaba firmando un convenio con empresas chinas para la industrialización de litio. YLB firma convenio con un consorcio chino denominado CATL, Brump & CMOC para instalar dos plantas o complejos industriales en los salares de Uyuni y Coipasa, con una inversión aproximada de 1 mil millones de dólares en una primera fase, para obtener carbonato de litio en grado batería con una capacidad de 25 mil toneladas año, cada uno.

Realizar análisis prospectivos sobre lo que sucederá en un país es un ejercicio necesario, aunque arriesgado, especialmente cuando éste atraviesa por coyunturas complejas, debilidad institucional y excesiva dependencia de decisiones políticas que generalmente son impredecibles. En el caso de Bolivia la previsión cobra una mayor relevancia debido al persistente nivel de incertidumbre sobre el rumbo que tomará nuestra economía en el corto y el mediano plazo.