Hace muy poco, el INE presentó las estadísticas de inflación en Bolivia, donde con datos a octubre 2023, se observa que este mes hubo una variación del IPC del -0,01%, con una inflación interanual del 2,52% y una acumulada del 1,48% durante estos 10 meses de gestión. En este mes, los productos con mayor incidencia o variación positiva fueron la papa, zanahoria y locoto; y los de menor incidencia o variación negativa carne de pollo, cebolla y plátano/guineo/banano, sandía, lechuga y pimentón/morrón. Estos cambios en los precios de los productos obedecieron a cambios en las condiciones del mercado y en relativa medida a fenómenos naturales ocurridos en las zonas productoras.

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un comunicado en el que identifica los problemas que enfrenta la economía nacional «los cuales pueden sobrepasarnos si no se toman medidas para resolverlos», por lo que afirma que el país, en 2024, necesita el compromiso de todos los bolivianos para encontrar soluciones oportunas, equilibradas y sostenibles

La edición del 5 de enero de 2024 del periódico oficialista no solo revela una manipulación descarada de la información, sino también una realidad económica que clama por atención urgente. La supuesta baja inflación que se alardea es simplemente el resultado de un juego peligroso que consume las reservas internacionales a un ritmo alarmante. Actualmente, estas reservas han caído a un nivel crítico de $us 1.709 millones, con apenas $us 166 millones en divisas, suficientes para mantener el país a flote por escasos 3 días de importaciones. Este malabarismo económico no es más que un intento desesperado de mantener las apariencias a costa del futuro de Bolivia.

Los representantes de las instituciones empresariales asistentes a la XXVI Reunión del Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), exhortaron a sus respectivos gobiernos a “mantener y viabilizar políticas públicas que incluyan al sector privado como actor importante para el desarrollo y el crecimiento económico”, y les sugirieron propiciar condiciones normativas e institucionales que animen la inversión, la generación de empleo y la innovación.