En presencia de autoridades nacionales y juntas vecinales, el presidente Luis Arce promulgó ayer la ley que aprueba el crédito externo de 57,2 millones de dólares para ampliar a ocho carriles el tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz-Oruro.

El Gobierno nacional inaugurará este martes la Planta de Biodiésel I, situada en los predios de la Refinería Guillermo Elder Bell, a 12 kilómetros del centro de la Santa Cruz de la Sierra, un proyecto que representa un avance significativo en su incursión en la producción de biocombustibles, en el contexto de la transición energética y la política de industrialización con sustitución de importaciones.

El sector turístico pretende generar al menos 320 millones de bolivianos en Semana Santa con 30 destinos a nivel nacional, informó el Viceministerio de Turismo. De acuerdo con datos de esa repartición gubernamental, en el feriado largo de Semana Santa en 2022 se tuvo un movimiento económico de 214 millones de bolivianos y el año pasado se registró un ingreso de 271 millones de bolivianos.

Más de 60 kilos de "caracol gigante africano" fueron destruidos en Trinidad (Beni) y el lunes inició una campaña fitosanitaria de socialización y recolección de este molusco que causa daños a la producción vegetal y afecta a la salud de las personas.

El Gobierno de Bolivia presentó ayer, por segunda vez, un proyecto de ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad en los casos de infanticidio, violencia y abuso sexual, con el fin de “reforzar” los castigos en contra de los agresores.

Las comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural del Legislativo iniciaron ayer el proceso de resolución de impugnaciones en la preselección de candidatos con miras a las elecciones judiciales, en medio de una serie de críticas del ministro de Justicia, Iván Lima, a la falta de postulantes mujeres para los altos cargos, sobre todo al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Comisión Mixta de Constitución revisó 50 impugnaciones de las 295 que tiene de los postulantes a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. El 90% estaba "poco fundamentadas" y fueron rechazadas, informó el diputado Juan José Jáuregui.

Pasada la etapa censal y sin saber aún los resultados de la gran encuesta nacional, ya se anticipa una dura confrontación y polarización regional por la distribución de recursos económicos, además de los escaños parlamentarios, sostienen analistas.

Tras realizarse el censo 2024, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera tener la “geografía electoral” de cara a las elecciones generales hasta abril de 2025, aunque ello dependerá de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregue los resultados censales hasta diciembre, según reporte de Oxígeno.bo.

¿Se deben eliminar los bonos sociales? Una reciente columna de opinión propone que sí. Aunque reconoce que los bonos ayudan a muchas familias que valoran sus efectos positivos en ingresos y en la reducción de la pobreza, argumenta que la evaluación de políticas públicas no debe centrarse sólo en los beneficios, sino también en los costos. En 2023, el pago de la renta Dignidad habría costado 920 millones de dólares, el bono Juancito Pinto y los otros bonos 80 millones adicionales, elevando el costo anual de todos los bonos a mil millones de dólares, monto que sería una “barbaridad de plata” por su incidencia en el déficit fiscal, el artículo referido concluye que “el mejor antídoto contra la pobreza no son bonos, sino el empleo”.

El presidente Luis Arce, en una conferencia de prensa en la semana que termina, afirmó que los fundamentos económicos del país están bien y que no estamos en crisis. Una vez más acusó a los opinadores de alarmar a la población con dificultades que no existen. Asimismo, lanzó una frase curiosa, por decir lo mínimo. “Quienes están por encima de los 30 años, quizás en colegio recibían sus recreos, sus mesadas en dólares. Pero hoy no, hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, dura”.

Terminada la recolección de datos, el Censo 2024 inicia hoy su etapa poscensal: captura digital de la información de las boletas, su centralización en un solo punto y el armado de la base de datos que permitirá presentar los resultados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) eligió el camino más complicado para la realización del Censo. Luego de una postergación inconsistente del que debió realizarse el 16 de noviembre de 2022, y de 36 días de paro nacional para arrancarle al poder una ley que garantizara su ejecución, se concretaron dos acuerdos: su realización el 23 de marzo del 2024, y que los resultados preliminares entregados en septiembre se incorporarán al Presupuesto General el año 2025. Al estilo del centralismo que ignora al Estado de las autonomías, el INE definió tiempos, etapas, cronogramas y ejecución, sin tomar en cuenta poderes territoriales, sociedad civil ni comunidad científica que expresaron, de todas las maneras, la voluntad de trabajar juntos.

El Censo de Población y Vivienda 2024, estimado en unos 68 millones de dólares, debió ampliar su visión y aprovechar el esfuerzo logístico y económico para indagar sobre otros aspectos que son importantes para generar y/o actualizar las políticas públicas. Por ejemplo, debieron preguntar sobre:

En coordinación con la Aduana y la Policía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) comisó más de 1.000 litros de combustible que eran trasladados de manera ilegal en el departamento de Tarija.