El Censo de Población y Vivienda realizado ayer constituye el primer elemento del necesario proceso de autoconocimiento de nuestra sociedad, que debe ser completado en el futuro por una interpretación teórica desde las disciplinas demográficas, sociológicas y culturales. Las cifras censales constituyen en efecto la materia prima del trabajo científico de un amplio número de profesionales del sector público, de la academia y de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción social.

Los bolivianos hemos llegado al Censo Nacional de Población y Vivienda con más dudas que certezas. Salvo los voceros del gobierno central y sus sectores afines, hoy reducidos a la fracción arcista, la mayoría desconfía de la transparencia del proceso iniciado a fines de 2022, a tropezones y sólo por la presión ejercida casi exclusivamente por Santa Cruz.

Con la aceleración del internet por la pandemia de 2020, nuestra vida y economía han empezado a girar en un ambiente digital. La cotidianidad de las personas está vinculada al celular o la computadora, casi la totalidad de los pagos por consumo rutinario, como transporte, alimentos, esparcimiento, etc., los hacemos desde nuestro celular o con la tarjeta de débito o crédito asociada al pago digital. Los sistemas de pago han evolucionado al punto que no se requiere tener una cuenta bancaria para utilizar una aplicación con la cual se puede pagar y cobrar de forma digital, lo cual en el corto plazo significará el reemplazo de la moneda papel por el dinero electrónico.

Ante la difícil situación económica actual en el país, desde diversas entidades surgen planteamientos para impulsar actividades que implican considerable movimiento económico. Entre éstas se encuentra el turismo que, según recientes datos, ha generado en la gestión anterior más de 800 millones de dólares. Sin embargo, sin tomar en cuenta la necesidad de apoyar a la llamada “industria sin chimeneas”, son aplicadas medidas oficialistas que son cuestionadas por tan importante sector económico.

Los bonos verdes son instrumentos financieros emitidos por empresas, gobiernos o instituciones para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales o climáticos positivos. Su objetivo principal es atraer inversiones hacia proyectos que promuevan la transición hacia una economía más sostenible, reduciendo el impacto ambiental y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. Algunos ejemplos de proyectos que pueden financiarse con bonos verdes incluyen energías renovables, eficiencia energética entre otros.

¿Se deben eliminar los bonos sociales? Una reciente columna de opinión propone que sí. Aunque reconoce que los bonos ayudan a muchas familias que valoran sus efectos positivos en ingresos y en la reducción de la pobreza, argumenta que la evaluación de políticas públicas no debe centrarse sólo en los beneficios, sino también en los costos. En 2023, el pago de la renta Dignidad habría costado 920 millones de dólares, el bono Juancito Pinto y los otros bonos 80 millones adicionales, elevando el costo anual de todos los bonos a mil millones de dólares, monto que sería una “barbaridad de plata” por su incidencia en el déficit fiscal, el artículo referido concluye que “el mejor antídoto contra la pobreza no son bonos, sino el empleo”.

El presidente Luis Arce, en una conferencia de prensa en la semana que termina, afirmó que los fundamentos económicos del país están bien y que no estamos en crisis. Una vez más acusó a los opinadores de alarmar a la población con dificultades que no existen. Asimismo, lanzó una frase curiosa, por decir lo mínimo. “Quienes están por encima de los 30 años, quizás en colegio recibían sus recreos, sus mesadas en dólares. Pero hoy no, hoy el boliviano circula, es una moneda confiable, dura”.

Terminada la recolección de datos, el Censo 2024 inicia hoy su etapa poscensal: captura digital de la información de las boletas, su centralización en un solo punto y el armado de la base de datos que permitirá presentar los resultados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) eligió el camino más complicado para la realización del Censo. Luego de una postergación inconsistente del que debió realizarse el 16 de noviembre de 2022, y de 36 días de paro nacional para arrancarle al poder una ley que garantizara su ejecución, se concretaron dos acuerdos: su realización el 23 de marzo del 2024, y que los resultados preliminares entregados en septiembre se incorporarán al Presupuesto General el año 2025. Al estilo del centralismo que ignora al Estado de las autonomías, el INE definió tiempos, etapas, cronogramas y ejecución, sin tomar en cuenta poderes territoriales, sociedad civil ni comunidad científica que expresaron, de todas las maneras, la voluntad de trabajar juntos.

El Censo de Población y Vivienda 2024, estimado en unos 68 millones de dólares, debió ampliar su visión y aprovechar el esfuerzo logístico y económico para indagar sobre otros aspectos que son importantes para generar y/o actualizar las políticas públicas. Por ejemplo, debieron preguntar sobre:

El contrabando, aquella actividad ilegal que se filtra por las extensas fronteras de Bolivia, ocasiona cuantiosas pérdidas económicas al país y está acabando con el empleo formal, según un estudio realizado por la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Con un déficit fiscal de 24%, inflación descontrolada, aparato productivo colapsado y con muy pocas salidas posibles, el último país que se reivindica socialista en el mundo (China, Laos y Vietnam del Norte son socialistas solo de nombre y Corea del Norte es una dictadura hereditaria) parece estar enfrentando los momentos finales de un ciclo histórico iniciado hace 65 años, y cuyo desenlace será tan dramático como inexorable.

Desde hace seis años, Bolivia ha abrazado la iniciativa global de integrar el etanol anhidro con la gasolina para producir combustibles limpios con aditivos de origen vegetal. Este movimiento se alinea con la estrategia de decenas de naciones comprometidas con la reducción de la huella de carbono y la promoción de alternativas energéticas sostenibles. A pesar del escepticismo local inicial, manifestado en 2018 incluso por algunos importadores de vehículos, cuando se implementó la gasolina Súper Etanol 92 conteniendo un 12% de etanol en su fórmula, el país ha demostrado que el uso de etanol no solo es viable técnicamente, sino también beneficioso para los vehículos, sin registrarse reclamos por mal funcionamiento de motores o daños vehiculares atribuibles a este combustible o al porcentaje mencionado anteriormente.

Los modernos países imperialistas levantaron una bandera política, señalando que las naciones pobres, propietarias de materias primas, debían liberarse del colonialismo y utilizar esas riquezas naturales e industrializarlas según sus propios intereses, cosa que, por lo demás, ya lo estaban haciendo. Se trató de una consigna valiosa, pero, pasado algún tiempo, esos nuevos imperialismos la olvidaron y acudieron al procedimiento de saquear a los países pobres, colonizarlos y obligarles a exportar sus recursos naturales para ellos, amén de cumplir órdenes políticas coloniales.

¿Qué hace que un departamento como Santa Cruz se haya convertido en un polo de atracción, no solo de personas, como un fenómeno migratorio que inició en los ´50 y no se ha detenido hasta hoy, sino que últimamente también de capitales y empresas? La explicación tiene que ver con las oportunidades de negocios y de realización personal que ofrece la región.