La situación política en Bolivia refleja una polaridad de dos segmentos de un mismo movimiento político, que es el MAS, llegando a extremos de utilizar los bloqueos de carreteras como medida de presión para lograr sus objetivos. Debemos entender que los bloqueos de carreteras se presentan de forma explícita como una forma de hostigamiento y presión al gobierno central, buscando generar el mayor perjuicio posible a la población boliviana, y cruceña en especial, a pesar de que no tenemos nada que ver con esta pelea política..

En el sector inmobiliario hay un principio relevante: las obras que actualmente se ven en construcción fueron diseñadas en otro contexto y responden a otra tendencia. Esas torres con fachadas elegantes a punto de ser entregadas en la urbe, los condominios y proyectos que están en fases avanzadas, nuevas marcas y desarrolladores lanzándose a la piscina del sector inmobiliario, cientos de bróker que ofrecen similares productos a través de las redes sociales, todo eso responde ni más ni menos que al pasado ya que, son decisiones que se tomaron en una realidad económica de hace dos, tres o cuatro años con indicadores distintos a los actuales.

La comparación entre las cifras de nuevos profesionales que las universidades del país titulan cada año y el mercado laboral para ellos evidencia que la educación superior está alejada de la realidad nacional.

En las últimas semanas los bloqueos en las carreteras de Bolivia siguen produciendo mayúsculos daños a la economía del país y se dice que ya han alcanzado 1.000 millones de dólares en pérdidas, que son críticas en estos momentos, cuando la economía está balanceándose por la falta de dólares en el Banco Central.

Esa es la pregunta que seguramente se hace el ciudadano común, que vive de su trabajo, no de la política, al enterarse de que la Procuraduría ha informado recientemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en nuestro país “son respetados los derechos a la protesta, al trabajo y a la libre circulación”. Por tal versión, aparentemente en Bolivia se respeta el ordenamiento legal, pero la convulsión social de los últimos días hace ver lo contrario.

Continuando con mi última columna titulada “Frente a los bloqueos en Bolivia: ¡Traigan al gordo!” (“EL DEBER”, 31.01.2024) en la que fijé mi posición sobre el tema indicando que cualquiera sea el motivo para bloquear y cualquiera el bloqueador, todo bloqueo, no solo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo sino que afecta negativamente a la economía, a la imagen del país en el exterior y vulnera el derecho ciudadano al libre tránsito, al trabajo y a la pacífica convivencia, además, que, protestar es un derecho pero bloquear es un delito.

Poco más de dos semanas de bloqueos en las carreteras principales que unen occidente con oriente dejan pérdidas que van más allá de las económicas y cuyo impacto acrecientan la incertidumbre acerca del futuro mediato del país, especialmente en la perspectiva de las elecciones generales que deberían realizarse en octubre de 2025, en 20 meses más.

Un nuevo y considerable bajón en las exportaciones de productos no tradicionales, como soya, girasol, carne bovina, castaña, azúcar, alcohol, leche, maderas, cueros, manufacturas, entre otros, equivalente a casi un cuarto más con relación al período de enero a noviembre del año pasado, registró el país y muestra la creciente crisis de producción interna y otras dificultades.

Y la culpa la tenemos nosotros. Fuimos nosotros los que elegimos al MAS y le dimos victorias contundentes desde el 2005. Sí, hicieron fraude, se adueñaron de la justicia y utilizaron la prebenda y la violencia para atornillarse en el poder, pero sin nuestros votos, nuestra pasividad y nuestro miedo, no lo habrían logrado. ¿Por qué entregamos el país a una banda de sinvergüenzas? ¿Por qué entregamos el país a un partido que nos promete más estatismo y menos libertad?

Somos testigos en cada vez que se interrumpe la venta de gasolina, diésel o gas domiciliario en garrafas, por ejemplo, de la formación de colas y comentarios especulativos de toda índole sobre sus causas y consecuencias. Sencillamente somos altamente vulnerables a la carencia de las fuentes tradicionales de energía. Y, por supuesto, para nada “sustentables” en el corto, mediano y largo plazo. Nos hacen actuar individual y colectivamente como si estos recursos energéticos fueran eternos e infinitos. No debemos olvidar su origen fósil y su disposición limitada. Algún día (no muy lejano), se van a acabar. ¿Y entonces qué haremos? ¿Cuáles son las opciones a disponer? ¿Qué se está previendo para el futuro? ¿Cómo se encara o encararía esta transición? ¿Cuál es el horizonte de tiempo para nuestra realidad? Y un montón de preguntas más, que sin duda se las han pensado, pero que quedan en la postergación de su tratamiento y debate por las urgencias politiqueras que suelen sobreponerse a las cuestiones realmente importantes.

Me permito usar el nombre de una película de 2007, dirigida por los hermanos Coen, para referirme a una iniciativa legislativa que amenaza la estabilidad y los derechos de los adultos mayores bolivianos. El Proyecto de Ley 395 “Modificación de la Ley de Pensiones”, que ya ha sido aprobado por una comisión de Diputados, establece en su Disposición Adicional, que los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad “se acogerán y ejercerán el derecho a una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez”. Asimismo, determina que, para su continuidad laboral, el asegurado, “podrá someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador”. Curiosamente, exceptúa de esta obligación a “las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”, es decir a los políticos, evidenciando desde un principio su carácter discriminatorio.

Y llegó el adverso shock externo que anunciaba desde agosto del año pasado mientras se vivía el jolgorio del récord del superávit de la balanza comercial de más de $us 2.000 millones, puesto que, según el INE, con datos a noviembre de 2023, el déficit comercial es de 400 millones y probablemente sobrepase los $us 500 millones para todo el presente año, más del 1% del PIB.

Me permito usar el nombre de una película de 2007, dirigida por los hermanos Coen, para referirme a una iniciativa legislativa que amenaza la estabilidad y los derechos de los adultos mayores bolivianos. El Proyecto de Ley 395 “Modificación de la Ley de Pensiones”, que ya ha sido aprobado por una comisión de Diputados, establece en su Disposición Adicional, que los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad “se acogerán y ejercerán el derecho a una Pensión de Vejez o Pensión Solidaria de Vejez”. Asimismo, determina que, para su continuidad laboral, el asegurado, “podrá someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador”. Curiosamente, exceptúa de esta obligación a “las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento”, es decir a los políticos, evidenciando desde un principio su carácter discriminatorio.

Continuando con mi última columna titulada “Frente a los bloqueos en Bolivia: ¡Traigan al gordo!” (“El Deber”, 31.01.2024) en la que fijé mi posición sobre el tema indicando que cualquiera sea el motivo para bloquear y cualquiera el bloqueador, todo bloqueo, no solo bloquea nuestras posibilidades de desarrollo, sino que afecta negativamente a la economía, a la imagen del país en el exterior y vulnera el derecho ciudadano al libre tránsito, al trabajo y a la pacífica convivencia, además, que, protestar es un derecho, pero bloquear es un delito.

Se generó un conflicto entre trabajadores y jubilados con la aprobación, sin modificación alguna en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, de la propuesta de Ley del gobierno para modificar los límites solidarios de pensiones de vejez, el 25 de enero del presente año. El mencionado proyecto de Ley fue enviado a la plenarias de la cámara de diputados para su tratamiento y aprobación, de ser aprobado allí se enviaría a la cámara de senadores y si no se realizan cambios en esta instancia, sería promulgada y adquiriría rango de Ley de cumplimiento obligatorio.