Evo Morales bloquea los caminos del país. ¿Qué quiere? Según él, que se cumpla la Constitución, que haya una justicia limpia e independiente, que no se consolide el “golpe judicial”, que el Gobierno no use a la justicia como arma política contra los opositores, que se logre construir un Estado de derecho.

Reflexiones dedicadas al Viceministro Torrico y al Defensor del Pueblo, Pedro Callizaya. El primero sostiene que los bloqueos son parte de la cultura boliviana y el segundo que el bloqueo político es un derecho de la protesta y que es pacífico.

Las filas para cargar gasolina en las estaciones de servicio que aún tienen este combustible son cada vez más largas y los precios de los alimentos de primera necesidad se incrementan. Esos son dos de varios perjuicios que ocasionan los bloqueos de carreteras que se implementan desde el pasado 22 de enero en diferentes regiones del territorio nacional.

Son varios los factores que explican la caída abrupta de las exportaciones bolivianas durante el año 2023 después de haber registrado un récord histórico el periodo anterior, lo que había permitido mantener un equilibrio de la Balanza Comercial desde el 2021. El previsible primer déficit comercial anual del actual gobierno no solo representa una señal más de la desaceleración de la economía, sino que empieza a consolidar el déficit gemelo junto al del sector fiscal.

La Fundación Milenio ha formulado un Anteproyecto de Ley de Fomento, Protección y Estabilidad Jurídica de la Inversión Privada, cuyo propósito es establecer un régimen de promoción, incentivo y protección de las inversiones privadas, nacionales o extranjeras, constituidas como sociedades comerciales en el país. Se trata de una respuesta a la necesidad de revertir la sequía de inversiones y de incrementar las exportaciones nacionales.

El Proyecto de Ley 395/22 – 23 “Modificación de la Ley de Pensiones” que aprobó la Comisión de Planificación de la cámara de diputados, da a entender que la edad de jubilación obligatoria sería a los 65 años, sin precisar el concepto de obligatoriedad, porque eso sería inconstitucional e ilegal a la luz de leyes y dictámenes constitucionales vigentes. La ley actual 065 establece la edad de jubilación a los 58 años, pero tampoco obliga porque no debe ni puede hacerlo. Si así fuera, en este momento el 80 % de los docentes y trabajadores administrativos de la UMSA tendrían que jubilarse. En definitiva, la jubilación obligatoria no existe, ni puede implantarse en Bolivia con la inclusión de un artículo en una nueva Ley de Pensiones. Lo que me permito afirmar, contundentemente, se respalda en las siguientes evidencias:

Las grandes urbes y sus áreas metropolitanas seguirán creciendo. La concentración de servicios y oportunidades que ofrecen las ciudades generan atracción natural y economía de escala en su oferta, frente a territorios rurales de escasa y dispersa población en el territorio. El incremento de valor de la tierra urbana es una de sus primeras consecuencias. La necesidad de tener un “lote” que sirva de base para la vivienda, inversión o ahorro, genera barrios segregados con viviendas precarias y sin servicios plenos.

Bolivia no sólo permanece en el último tercio mundial —el peor— del Índice de Percepción de la Corrupción, sino que en los últimos 10 años ha bajado su puntaje en cinco unidades, situándose en 29/100. Es el mismo que alcanzó en 2018 y coloca al país entre los seis peores de América Latina y el Caribe.

Se va el primer mes de 2024. Bolivia retrocedió en el tiempo y volvieron las prácticas más perniciosas y antidemocráticas de la lucha política: los bloqueos. El tránsito en las carreteras estuvo interrumpido durante 19 de los 31 días de enero, un indicador que provoca alarma en la ciudadanía que, ajena a los vaivenes de la política, solo lucha por salir adelante.​

El actual bloqueo de carreteras nos recuerda una vez más que vivimos bajo la constante amenaza de un secuestro general, impuesto por minorías efectivas que por cualquier motivo y utilizando la violencia y la intimidación, se arrogan el derecho de impedir el libre tránsito de personas y vehículos cuando así lo deciden.

En el actual momento que vivimos es imposible no volver a abordar la escalada de bloqueos en el país. Grande es la preocupación de los directamente afectados -productores, exportadores, importadores, comerciantes, transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, consumidores- por lo que, queriendo ser objetivo, pedí por Facebook ejemplos de los perjuicios que causan los bloqueos, “cualquiera sea el motivo y cualquiera sea el bloqueador”.

Recientemente la Aduana Nacional hizo su “Audiencia Final de Rendición Pública de Cuentas” de la Gestión 2023, en la cual ha destacado su récord histórico de recaudación por Bs 18.411 millones, alrededor de un 12% más que en la gestión 2022. Donde el tributo o impuesto de mayor peso fue el IVA, con un 71,3%, seguido del GA con un 23,4%. Además, los departamentos donde hubo mayor recaudación aduanera fueron Santa Cruz, Oruro, La Paz y Tarija.

El valor de la producción minera boliviana siempre ha sido mínimo, porque nunca hemos entrado a las “grandes ligas” de la minería compuesta por el hierro/acero, que en 2022 produjo un valor en millones de dólares (M$us) de 2.318.000, el cobre 193.996 M$us, el aluminio 192.855 M$us, y el oro 179.501 M$us, haciendo un total de 2.884.352 M$us, mientras que el valor de nuestras exportaciones (reflejo de nuestras producciones) fue en total 6.689 M$us, el 0,2% del valor de los cuatro minerales, que cambian de posición con frecuencia, dependiendo de los precios.

La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), celebrando sus 50 años, revela que la producción agrícola en Bolivia se encuentra al borde de equiparar los ingresos generados por la industria de hidrocarburos.

Además de los daños a la economía del país, los bloqueos de carreteras ejecutados, desde hace 10 días, por movilizados afines a Evo Morales están provocando un drama humanitario inconcebible que exige una urgente y eficaz intervención de las instancias del Estado.