Una crisis orgánica de creciente magnitud afecta al actual Estado Plurinacional –establecido en la nueva Constitución Política dictada en 2009 por el gobierno de Evo Morales Ayma–, con alta posibilidad de agravarse y bajo la responsabilidad del gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

Una de las fallas estructurales en el proceso de construcción del Estado boliviano es la incapacidad histórica de lograr un sistema de justicia independiente que goce de credibilidad y legitimidad frente a la población, garantizando las libertades ciudadanas mediante la sustentación del estado de derecho y el orden democrático. Lamentablemente, Bolivia sufre un profundo y peligroso proceso de desinstitucionalización del sistema judicial, lo cual socava las bases mismas del propio Estado nacional.​

Como fruto inevitable de políticas económicas de todo género que se intentó aplicar, desde fines del siglo pasado y no menos del presente, pero principalmente por habernos conducido a la condición de país colonial, nos encontramos al borde de una crisis general. Y ya se están presentando signos evidentes de que el mal se agravará y, al mismo tiempo, es notorio que autoridades del Estado Plurinacional y diversas entidades públicas y privadas han desviado la mirada de un problema capital. Es, pues, necesario, dar una voz de alarma.

El pasado 3 de enero fue promulgado el Decreto Supremo 5.096, el cual establece que los Bancos Múltiples y Bancos Pyme deben destinar el 6% de sus utilidades netas al cumplimiento de la función social de los servicios financieros. El decreto indica que se tiene un plazo máximo de treinta días hábiles computables a partir de la fecha en que se celebre la Junta de Accionistas para que apruebe el destino de las utilidades, los cuales transferirán con carácter definitivo e irrevocable el monto correspondiente al porcentaje determinado.

En días pasados, el Ministerio de Trabajo informó que 567 empresas inscritas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) no habían pagado el aguinaldo 2023, en el plazo establecido. Esta cifra es la más alta de los últimos años, ya que en 2022 se registraron 489 denuncias por esta omisión, en 2021 fueron 130 y, en 2020 (año de la pandemia) llegaron a 467. De acuerdo con la normativa, las empresas infractoras serán castigadas con el pago doble del beneficio, un proceso judicial por incumplimiento de normas sociales, que derivará en otra sanción, además de una multa que se incrementa por cada día de retraso.

La expansión de un negocio vía el modelo de las franquicias – para aquellos que están bien posicionados y con mucha solvencia tanto de marca como de gestión financiera en el mercado - se ha convertido en uno de los pilares más atractivos, para quienes tienen por objetivo crecer en el comercio minorista. Sólo en Bolivia, el crecimiento de las franquicias, según un informe de la Cámara Boliviana de Franquicias (Cafran), alcanzó el 33% de crecimiento, después de tres años de post pandemia.​

“No se puede lograr cambiar el país con los mismos de siempre”. Ese fue el principio que guió la campaña de Javier Milei, que derrotó al peronismo argentino, aliado del Socialismo del Siglo 21, representado por Sergio Massa. Ya alguna vez se dijo que no se puede obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo; pero tampoco se puede cambiar la conducta de la gente si se opera en el mismo sistema. Para combatir la corrupción precisamente se debe cambiar el sistema, solo así se logra modificar la conducta humana y, por tanto, el resultado.

Como fruto inevitable de políticas económicas de todo género que se intentó aplicar, desde fines del siglo pasado y no menos del presente, pero principalmente por habernos conducido a la condición de país colonial, nos encontramos al borde de una crisis general. Y ya se están presentando signos evidentes de que el mal se agravará y, al mismo tiempo, es notorio que autoridades del Estado Plurinacional y diversas entidades públicas y privadas han desviado la mirada de un problema capital. Es, pues, necesario, dar una voz de alarma.

Las heladas caídas en las regiones agrícolas del altiplano aymara y valles, han terminado por afectar gravemente los últimos campos donde se cultivaba papa, hisaño, oca y otros tubérculos imprescindibles para centros urbanos de la zona occidental del país. El fenómeno meteorológico cerró en esa forma el ruinoso año agrícola y, a la vez, ha sido otro impacto al slogan que se refiere a la seguridad alimentaria, que desde hace casi veinte años pregonan a tambor batiente organismos agrarios, como el Ministerio de Tierras, Emapa y otros.

La guerra contra el contrabando ya se cobra 21 vidas y nada ha cambiado. Las reglas del país son permisivas con este ilícito que, aparte de lesionar a los militares que están a cargo de combatirlos, sangra miles de millones de bolivianos al erario nacional y a la industria boliviana.

El rótulo de esta columna alude al título de un famoso libro del académico del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT por sus iniciales en inglés) Daron Acemoglu y del profesor de la Universidad de Chicago James Robinson “Por qué fracasan las naciones”, publicado en 2012.​

La guerra contra el contrabando ya se cobra 21 vidas y nada ha cambiado. Las reglas del país son permisivas con este ilícito que, aparte de lesionar a los militares que están a cargo de combatirlos, sangra miles de millones de bolivianos al erario nacional y a la industria boliviana.

Bolivia vive un periodo excepcional. Un momento de la historia que se constituye como una nebulosa entre lo que parece que se agota y lo que está por venir y que cada uno de los actores de la política, pero también de la economía, debería tener muy claramente interiorizado. El mundo está en efervescencia. El continente también. No es el momento de “las grandes decisiones”. Es simplemente el momento de no meter la pata.

Los continuos sustos por el aumento en el precio de la carne de res no sólo radican en los intermediarios, sino que responden a causas estructurales, es decir, a políticas de Estado. El aumento en el valor de este insumo de la canasta familiar puede afectar a la economía de las familias. ¿Cuáles son las causas para que cada año escuchemos aumentos en el precio de la carne de res? ¿Cuál o cuáles son las soluciones de fondo al problema? ¿Quiénes son los agentes económicos responsables por este problema?

Un grave problema que afecta a varias regiones del país es el de la contaminación de cursos de agua por parte quienes se dedican a la minería, legal o ilegal, utilizando químicos que degradan la tierra, dañando cultivos y afectan la salud de pobladores nativos. Por ello es innegable que muchos ríos del territorio nacional han sido corrompidos por elementos químicos tóxicos como mercurio, arsénico, plomo y otros, contaminación que afecta particularmente a indígenas, en Beni, Santa Cruz, Oruro, Tarija y norte de La Paz.