Pasaron poco mas de 50 años, desde mediados de los años 1970, cuando Bolivia inicia los primeros estudios y perforaciones con la cooperación francesa, a través de la agencia IRD y la UMSA. Luego el año 1990 durante el gobierno de Paz Zamora se firma un primer contrato, producto de una invitación directa, rechazado por Comcipo, el año 1991 se firma un nuevo contrato con Lithco, producto de una licitación pública internacional conducida por la agenca pública de contrataciones Crown Agents, con total transparencia, el cual es enmendado por el Parlamento, incrementando el IVA de 10% a 13%, incremento rechazado por Lithco, durante el gobierno de Sánchez de Lozada se extendieron negociaciones hasta el año 1993, que resultaron infructuosas, por lo que Lithco desiste de firmar el contrato y se va a la Argentina, donde ahora opera, con planes de mayores expansiones este año. Este fué un gran error cometido por el estado boliviano, ya existiendo una conformidad por parte de las organizaciones potosinas, ahora nos encontramos con que el proyecto 30 años después del ultimo contrato fallido, con proyecto practicamente estancado.

En algo que parece una estrategia de dosis homeopática, el Gobierno viene reconociendo, poco a poco, serios problemas de la economía boliviana. Pero al mismo tiempo, con un talento único sigue la escuela filosófica del despiste: “yo no fui, fue teté”, y se deslinda de las responsabilidades que le corresponde como causante de la crisis económica.

A lo largo del Siglo XX, Bolivia se caracterizó por haber pasado a ser país minero en sustitución de la condición de país agrario. Esa característica derivó en un problema político y nos convertimos en país colonial, productor de minerales, exportador de materias primas, sin alguna posibilidad de entrar en una etapa de industrialización de otro tipo. Agravando ese estado de cosas, quedamos bajo la hegemonía de una minoría rampante y, en esa forma, el país quedó sometido a un indeseable régimen económico, político, cultural, en pocas palabras en una colonia.

En agosto de 2015 la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) que dependía de Comibol y estaba encargada de los proyectos de litio y potasio, firmó un contrato con la empresa alemana K-Utec AG para la ingeniería a diseño final de la planta industrial de carbonato de litio (Li2CO3), con una capacidad de 15.000 toneladas por año (tpa), por un costo de 4,83 M$us, con base en la ingeniería conceptual que desarrolló la GNRE. El 3 de enero de 2013 se inicia la producción de litio, con la inauguración de la Planta Piloto de Carbonato de Litio. Seguramente por no haber podido obtener Li2CO3 grado batería (Li2CO3 GB), en 2015 se instaló una Planta Piloto para Purificación del Litio, que tampoco logró su cometido.

Algunos países alcanzaron su desarrollo, según relata la historia, apropiándose de territorios ajenos, ricos en recursos naturales, renovables y no renovables. Otros se introdujeron de manera subrepticia, o mediante testaferros, para saquear y empobrecer a los más débiles. Con estas acciones depredadoras, se constituyeron, inclusive, en potencias, de la región y del mundo. No es necesario mencionarlos, porque están debidamente identificados.

Según el Ministerio de Educación, en 2023, un total de 210.726 estudiantes de los sistemas de educación regular, alternativa y especial de todo el país, recibieron su título de bachiller, alrededor de 20.000 más que el año pasado. Aunque no hay datos oficiales actualizados, se estima que, del total de bachilleres, cerca del 40% ingresará a alguna de las 18 universidades públicas y 39 privadas que existen en Bolivia; algo más del 10% se unirá al servicio militar y un porcentaje similar optará por los institutos técnicos, academia de policías, colegio militar o las Normales; el restante 40% buscará insertarse en el mercado de trabajo.

¿Sabía que cerca del 85% de todo lo que importa el país son suministros industriales, combustibles, bienes de capital y equipos de transporte? Bolivia gastó el pasado año casi 10.000 millones de dólares en estos cuatro rubros, destacando el diésel y la gasolina como los dos productos principales por casi 30%.

El Capitalismo Popular es una forma revolucionaria de participar en la economía global. Este enfoque se centra en fortalecer la propiedad privada, fomentar la iniciativa individual y mantener un mercado libre. Un objetivo clave es aumentar la participación de la gente en los mercados de valores, como las bolsas de acciones y bonos. Esto se hace para que más personas tengan acceso a las ganancias que generan las empresas y los mercados, tanto en sus propios países como en todo el mundo.

En el marco de la deuda pública estatal, es esencial resaltar un aspecto que a menudo escapa a la atención de la mayoría de la ciudadanía: el crecimiento sostenido de la deuda nacional. Para muchos, este aumento no resulta completamente comprensible y los posibles efectos sobre cada individuo no son del todo claros. Hasta agosto de 2023, la deuda del país alcanza una cifra considerable: 34.665.700.000 dólares.

En las dos primeras décadas de lo que va de este siglo, hubo una crisis catalizadora y transformadora en el sistema financiero, la de 2008, basada en las incoherencias de los instrumentos financieros de la burbuja inmobiliaria; a ella se adicionó la preocupación de las instituciones que configuran la globalización respecto al deterioro del medio ambiente, el cambio climático, la eficiencia energética y los problemas del multipolarismo. Sin embargo, el inicio de la tercera década de nuestro siglo será, por largo tiempo, motivo de análisis e investigación, ya que en ella se entrelazan diferentes tipos de crisis que no estaban previstas en la agenda analítica: la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, la crisis geopolítica por el conflicto Rusia-Ucrania, y el conflicto entre Israel y Palestina.

La determinación del Gobierno de Argentina, de cavar zanjas en puntos clave de la frontera que comparte con Bolivia, debe ser el impulso para que el país fortalezca la lucha contra el contrabando, un delito que ocasiona un significativo daño económico a la industria nacional.

¿Por qué Bolivia tiene la necesidad de importar harina desde Argentina, un ingrediente básico para elaborar el pan de cada día? Y aunque la respuesta resulta siendo obvia, es porque el país no produce la suficiente cantidad de trigo para elaborar la harina que es el ingrediente esencial para el pan de batalla.

Después de más de 30 años del fracaso del contrato de explotación con la Lithium Corporation ocasionado por la oposición de las instituciones del departamento de Potosí; y tras más de una década de “análisis” de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, que gastaron 1.000 millones de dólares en el proceso, una nueva etapa se inició en 2018 con la firma del contrato –poco conocido– con una empresa china para la construcción de la primera planta industrial de carbonato de litio, materia prima de las baterías del siglo XXI. Esta planta debía usar el método de la evaporación en piscinas de las salmueras de los salares bolivianos.

En los últimos años, la región ha sido testigo de una expansión acelerada de la minería legal e ilegal, generando graves vulneraciones al medioambiente y los derechos humanos. Este fenómeno, en constante aumento, ha encontrado terreno fértil debido a los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción profundamente arraigada entre los funcionarios gubernamentales. Este problema se agudiza especialmente en países con un Estado de Derecho débil frente a un autoritarismo que se nutre y busca su fortalecimiento en estas actividades económicas.

Bolivia, un país rico en recursos naturales, se enfrenta a la necesidad de ampliar la exploración hidrocarburífera para impulsar su desarrollo económico y energético. Esta medida se presenta como una oportunidad para aprovechar los recursos petroleros y gasíferos del país, generando beneficios tanto a nivel interno como externo.