Después de participar como Estado asociado y luego de que los congresos de los países integrantes aprobaran el “Protocolo de Adhesión” suscrito en 2015, el pasado 7 de diciembre, Bolivia se convirtió en miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur), un proyecto de integración económica creado en 1991 conformado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela que, en conjunto, posee una población de 300 millones de personas, registra un PIB aproximado de 2,8 billones de dólares y constituye una de las regiones con más riqueza de recursos naturales y diversidad del mundo.

El contrabando ha sido un problema persistente en Bolivia a lo largo de los años, y se ha abordado mediante diversas políticas gubernamentales. Una revisión histórico-jurídica identifica cuatro etapas anticontrabando en nuestra normativa: la lucha contra el contrabando de metales y otros productos estratégicos (1844 a 1885), el inicio del combate al contrabando (1901 a 1952), el establecimiento de la institucionalidad anticontrabando (1968 a 1987) y la nueva institucionalidad vigente (2000 al 2020).

El Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 tiene entre sus muchas cualidades el de “asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas” y, además, en base a este plan, “profundizar el desarrollo del proceso de industrialización con sustitución de importaciones que fortalezcan la soberanía productiva” que permita “fortalecer el aparato productivo e industrial, impulsando la productividad y mayor rendimiento”. Este es el espíritu, el ajayu, del PGE 2024.

Encarar un proceso de integración, como es el caso del Mercado Común del Sur (Mercosur), es una tarea compleja, porque requiere modificar principios estructurales y esenciales del Estado. En esencia, integrarse implica la transferencia de parte de la soberanía en pos de la creación de una unidad.

En los últimos tres años desde la asunción del actual gobierno, la inversión pública anual ejecutada no alcanzó el 6% del PIB, mientras el déficit público de estos mismos años supera en promedio el 9% del PIB, según Informe Económico de la Fundación Milenio (Junio 2023) con datos del MEFP y el INE. Esta diferencia muestra que el déficit es estructural y no solo de Cuenta Corriente, lo que en buenas palabras significa también que gran parte de la deuda externa e interna está destinada a solventar el gasto, en desmedro de una mayor inversión.

En algo que parece una estrategia de dosis homeopática, el gobierno viene reconociendo, poco a poco, serios problemas de la economía boliviana. Pero al mismo tiempo, con un talento único sigue la escuela filosófica del despiste: “Yo no fui, fue teté”, y se deslinda de las responsabilidades que le corresponde como causante de la crisis económica.

“El conocimiento es poder”, decía Thomas Hobbes en 1658. Casi cuatro siglos después, me atrevería a indicar que esta frase es aún más relevante en estos tiempos donde la información está en constante cambio y actualización.

La información acerca de la deuda externa bilateral con China no cuadra, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), a octubre de 2023, la misma asciende a $us. 1.414,2 millones; sin embargo, de acuerdo con US-China Economic and Security Review Commission (instancia del Gobierno de EEUU), el monto sería de $us. 4.100 millones, a noviembre de este año, lo cual dista mucho de las cifras oficiales del ente monetario boliviano.

Bolivia es el quinto país miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur). Su adhesión fue oficializada en la primera semana de este mes, durante la LXIII cumbre presidencial del bloque regional, que se desarrolló en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Los otros integrantes de este mercado común, además de Brasil, son Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyos legislativos y gobiernos ya aprobaron la adhesión de Bolivia al bloque del sur.

Colapso industrial, alza de la deuda externa, caída de la producción agropecuaria y nuevas tragedias ambientales durante el año que termina son las “delicias” con las que se desayunó el pueblo boliviano el viernes pasado al leer los matutinos nacionales.

¿Tiene algún sentido gastar más de 21 millones de dólares al año en publicidad estatal? ¿Cambia mucho la percepción del ciudadano cuando recibe información positiva sobre la gestión gubernamental? ¿Hay una fórmula que permita medir el impacto de la propaganda en la construcción de la imagen de un gobierno? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no.

Con un territorio que abarca desde la densa selva tropical amazónica hasta los desiertos y las altas montañas, Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los últimos diez años, el Gobierno boliviano ha tomado medidas para proteger sus ricos paisajes naturales y fortalecer sus prácticas ambientales.​

El título es una afirmación luego de conocer la publicación “Generación de Riquezas” de los profesionales benianos que conforman el centro de inteligencia denominado Acción Social (AS). Entre el 13 al 16 de diciembre, en una actividad en la que participamos Univalle y el Cepad, compartimos el debate de ideas en cinco municipios/ciudades, Reyes, Rurrenabaque, Santa Rosa de Yacuma, San Borja y San Ignacio de Moxos.​

La Fundación Jubileo ha publicado un informe sobre “La Deuda Pública de Bolivia”, preparado por René Martínez, El estudio incluye datos y un análisis econométrico que permite anticipar los esfuerzos que tendremos que realizar para responder a las obligaciones generadas por el proceso de endeudamiento más reciente.​

El pasado sábado, la casera de la tienda me preguntó si el país está en crisis económica, qué va a pasar con el dólar y si los precios de los productos van a subir, porque ya no hay gasolina en las estaciones de servicio. No tardé en responder a doña Catalina, que la situación es crítica, pero Bolivia está camino al barranco del desastre económico por las siguientes razones.