El jueves 19 de octubre, en el auditorio de la Universidad Privada Boliviana en la ciudad de La Paz, se llevó a cabo el evento "Acción por los ODS", liderado por Pacto Global Bolivia. El objetivo de este evento es promover y, sobre todo, visibilizar las actividades realizadas por el sector privado boliviano para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para los cuales solo faltan 7 años para su cumplimiento.

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Como es de conocimiento público, representantes del sector empresarial y autoridades del área económica del gobierno se reunieron el pasado 6 de octubre y anunciaron una alianza para la “industrialización con sustitución de importaciones”. Los empresarios manifestaron su complacencia por la elaboración de una agenda junto con el gobierno, buscando la cooperación y complementación entre iniciativas privadas y gubernamentales.

La economía de Bolivia tenía previsto crecer un 5,11% el pasado 2022, pero solo alcanzó un 3,48%, para este 2023 se tiene la esperanza de crecer en un 4,87%; sin embargo, organismos internacionales como CEPAL, FMI y el Banco Mundial, que son menos optimistas, pronosticaron que nuestro país crecerá, en esta gestión, alrededor del 2% como máximo en su PIB. La gran dependencia de Bolivia del sector externo, cuyos mercados son volátiles y rodeados actualmente de mucha incertidumbre (inflación mundial, conflictos bélicos, lenta recuperación post Covid-19), a lo que se suma una economía nacional con problemas críticos fiscales, sobre todo de gasto y deuda pública, y serios conflictos de gobernanza, hacen que sea muy difícil llegar a las metas económicas establecidas por el gobierno nacional.

Temperaturas que batieron muchos récords, sequías que afectan a miles de personas y preocupan a los gobiernos de varios países por los riesgos de una baja producción de alimentos y la falta de agua para el consumo, son solo algunos de los problemas provocados por el cambio climático.

Quince años han pasado desde la implantación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el país, por lo que, después de tanto tiempo, bien valdría la pena hacer un análisis desapasionado de lo que se hizo desde entonces, así como de lo que se pudo hacer en función de la “Bolivia digna y soberana”, de la que tanto se habla.

Parafraseando la célebre frase de James Carville, estratega de la campaña de Bill Clinton, “Es la economía, estúpido” recordamos la importancia fundamental de las cuestiones económicas en la política. Y en el contexto actual de Bolivia, esta afirmación no podría ser más pertinente.

Es innegable que la salud es uno de los problemas más graves y menos atendidos en Bolivia. Pese a que la Constitución Política sostiene que la salud se constituye en una función suprema del Estado, y le asigna al poder público la obligación indeclinable de garantizarla y sostenerla como derecho fundamental, los resultados son escasos, hay una distorsión de las prioridades y es notoria la descoordinación entre los niveles de gobierno, los sectores profesionales y las entidades responsables de su gestión.

Quince años han pasado desde la implantación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el país, por lo que, después de tanto tiempo, bien valdría la pena hacer un análisis desapasionado de lo que se hizo desde entonces, así como de lo que se pudo hacer en función de la “Bolivia digna y soberana”, de la que tanto se habla. Es cierto que cosas buenas han pasado en el país, pero otras no tan buenas, también. Hoy estamos cosechando, el fruto de la siembra realizada desde entonces. Considerando los sucesos en curso, convencido estoy que, de haberse apostado por una “Bolivia productiva y exportadora”, los resultados hubieran sido sustancialmente mejores.

Industrias de larga tradición, que alcanzaron niveles de modernidad desde mediados del siglo pasado y tenían perspectivas de progresar mucho más, porque sus productos era de notable consumo, que inclusive los exportaban y, en particular, contaban con la producción interna de la materia prima, hoy enfrentan varios problemas.

Durante los últimos veinte años las autoridades del Estado Plurinacional han predicado con insistencia que iban a luchar y poner fin al contrabando, que es una peligrosa actividad económica que no pocas veces ha originado la decadencia de algunos países que en otros tiempos gozaban de prosperidad. Por otro lado, autoridades de organismos privados denunciaron machaconamente que el mercado negro de productos de divisas clases, está destruyendo la industria nacional y causando notable pérdida de ingresos para el Estado. Pero las autoridades poco hacen al respecto.

La Ley de Minería y Metalurgia 535 vigente desde el 28 de mayo de 2014, cuya filosofía fue el fortalecimiento del Estado y cambiar su función de administrador de joint ventures (contratos de riesgo compartido) con el capital privado para ser un Estado productor, contiene cambios fundamentales como la anulación del sistema de concesiones del código anterior (Ley 1777), reemplazándolo con un sistema de contratos administrativos y contratos de asociación, por lo que los recursos mineralógicos no pueden ser inscritos como derechos propietarios y ninguna persona puede alegar ese derecho ni usarlo con fines de titularización, garantía o seguridad.

En su discurso ofrecido ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el pasado 6 de agosto, Luis Arce Catacora ensayó dos consignas: segunda independencia de Bolivia y el gobierno de la industrialización; seguramente, ambas frases formarán parte de su campaña proselitista si es que finalmente busca su reelección con la sigla del MAS u otra organización política.

La semana pasada la Cámara de Diputados del Congreso Federal brasileño finalmente aprobó el Protocolo de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercado Común del Sur, firmado el 17 de julio de 2015 por los Estados miembros del bloque y el Gobierno boliviano en la ciudad de Brasilia, restando la aprobación del Senado que se espera culmine antes de la Cumbre Anual del MERCOSUR que se celebra en el mes de diciembre, en la cual es posible se anuncie la adhesión plena de Bolivia al Tratado de Asunción, próximo a cumplir 30 años.

Desde el pasado jueves, se observan junto a los surtidores de hidrocarburos largas filas de camiones y vehículos de alto tonelaje en espera de la provisión de diésel, lo que hace suponer que nuevamente hay escasez de este combustible. Como en otras ocasiones, YPFB niega esta situación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) admite “problemas logísticos” y evoca una sobredemanda.