Al parecer, el sector gubernamental y productores agropecuarios han captado, con fina sensibilidad, en alguna medida, los alcances de la crisis de alimentos que se está produciendo en el país. Por ello ambas entidades se han reunido en la llamada “Casa Grande del pueblo” para enfocar el asunto, pero esa reunión parece que será ineficiente y la seguridad alimentaria seguirá en caída libre.

Luego de 11 días de bloqueo de la carretera que une Santa Cruz y Cochabamba a la altura de Buena Vista, grupos afines al Gobierno decidieron levantar su medida de protesta, aunque con la intención de volver a la carga a partir del 11 de septiembre. Su cínica declaración de cuarto intermedio no obedece a un gesto conciliatorio de su parte sobre la causa por la cual protestan, sino a un simple cálculo político.

Cuando nació el llamado Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) en 2004, se estableció un esquema fundamentado en el aprovechamiento de los recursos naturales y del excedente económico de los sectores estratégicos, con el fin de redistribuirlo y así lograr la reducción de la desigualdad social y la pobreza. Los sectores estratégicos comprenden las empresas estatales con una fuerte presencia en las industrias de hidrocarburos, minería, entre otras, es decir, enfatizando aquellos sectores tradicionales que caracterizan a Bolivia como país exportador de materias primas.

La semana pasada la Organización Mundial de Aduana (OMA) y la Aduana Nacional (AN), bajo el programa de cooperación financiado por Suiza (OMA/SECO), realizaron la presentación del primer Estudio de Tiempos de Despacho (ETD) aduanero de mercancías de importación en frontera Yacuiba. El referido estudio se realizó bajo la metodología y procedimiento certificado por la misma OMA y establece los tiempos procesales promedio antes, durante y después del despacho aduanero de importación, tanto en el área de control integrado de frontera (ACI) como en el recinto aduanero de Campo Pajoso, a 17 Km de Yacuiba.

Hace algunas semanas The Economist publicó un artículo donde menciona que América Latina tiene una nueva ventana de oportunidad económica debido a los cambios profundos que se registran en la economía mundial. Entre las macro tendencias la revista menciona: i) La descarbonización de la economías desarrolladas y la transición hacia energías verdes que aumentará la demanda de metales y minerales de la región en gran cantidad, así como la energía necesaria para procesarlos. Esto significa que habrá una mayor demanda de cobre, plata y litio. Adicionaría que también habrá una mayor demanda de gas natural, la energía considerada de transición hacia el uso de las energías renovables.

El departamento de Potosí, desde el año 2006, ha recibido más de 1 500 millones de dólares (1562 millones, según las informaciones periódicas que publica el Ministerio de Minería y Metalurgia) como compensación a la extracción de recursos minerales de su territorio. Esta compensación, en la normativa boliviana, es la regalía minera. Esta gran cantidad de recursos ha servido para financiar proyectos de inversión en el departamento. La estabilidad y sostenibilidad de estos fondos permite una planificación estratégica, esencial, para lograr un cambio positivo en Potosí. Más del 90% de la regalía minera ha sido depositado por las empresas privadas que operan en el departamento.

Bolivia asumió el 4 de agosto pasado la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) para el período 2023-2024, en sesión especial llevada a cabo en la Secretaría General de dicho bloque de integración, en Lima, Perú, en cuyo marco fue anunciado el Plan de Trabajo de nuestro país, en seis ejes: Reingeniería de la CAN, convergencia con otros bloques, integración social y cultural, reactivación de temas ambientales, lucha anti-contrabando y, promoción turística y comercial. Importantes temas, sin duda, pero ¿cuán importante es la Comunidad Andina para Bolivia, luego de más de 50 años de integración con este bloque, en función de los resultados observados?​

El Grupo BRICS ha dado un paso importante en dirección a la reconfiguración del orden internacional en su reciente Cumbre de Johannesburgo (África del Sur). En efecto, las decisiones que más han sido destacadas por los medios internacionales en los días pasados consisten en: (i) la invitación a dos países africanos (Egipto y Etiopía), dos reinos árabes (Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos), un país de Asia (Irán) y un país de América del Sur (Argentina) para que se incorporen como miembros plenos al grupo a partir del 1 de enero de 2024; (ii) el establecimiento de los principios rectores, estándares, criterios y procedimientos para la incorporación de nuevos miembros en el futuro, y (iii) la decisión de examinar a partir de dichos criterios la incorporación de países que ya han presentado su solicitud formal, entre los que se menciona a Argelia, Bangladesh, Bolivia, Cuba, Honduras, Indonesia, Nigeria y Venezuela.

En una reciente columna me referí a la gran importancia que ha adquirido la Comunidad Andina (CAN) para Bolivia frente a otros bloques de integración, no solo por los reiterados superávits que se registran a favor del país en el intercambio comercial con Colombia, Ecuador y Perú, sino, porque, más allá de los números fríos, está la gente, personas que hacen parte de los procesos de inversión, producción y comercialización, beneficiándose de los empleos que, de forma directa o indirecta, se generan en el sector legal y formal de la economía.

Con pasmosa tranquilidad, parlamentarios del oficialismo y la oposición han comunicado, por separado, que ya no es posible realizar las elecciones judiciales en la gestión 2023 y, por lo tanto, que los cargos ocupados por las actuales autoridades quedarán acéfalos a partir del 1° de enero de 2024.

Érase una vez en Bolivia, allá por el 13 de enero de 2019, que Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos del Gobierno de Evo Morales, anunció con bombos y platillos el descubrimiento de un “mar de gas” existente a 8.000 metros de profundidad entre los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija.

El gas toca fondo. La culpa lo tiene el Gobierno de Evo. 1.- La sincera declaración del Presidente de que estamos tocando fondo en el tema de gas ha puesto en figurillas a ministros y al Presidente de YPFB. Todos salieron a colocar paños fríos al ataque de franqueza del primer mandatario.

En la época antigua, cuando un país quería cobrar su deuda recurría a los buques cañoneros, es decir que se amenazaba con una invasión si no se pagaba lo que se debía. Sin embargo, hoy la soberanía ya no está en juego, sino la reputación. Si un país no paga su deuda, entra en la lista de los países morosos y se le cierran las ventanas del crédito ante los bancos privados internacionales y multilaterales.

Los buenos resultados de Javier Milei en las elecciones primarias en Argentina han reflotado la discusión sobre Estado y mercado. Milei apoya un bajo nivel de intervención estatal en la economía, planteando una disminución radical de las funciones estatales e incluso la adopción del dólar estadounidense como moneda.

Hay preocupación y desesperanza en la mayoría de la población nacional, por la difícil situación económica que se observa y que da lugar a carencias y necesidades no atendidas en varios rubros. Por su parte las autoridades nacionales no han podido resolver numerosos problemas como la escasez de dólares, que impide el normal desarrollo de actividades de entidades dedicadas, por ejemplo, a la importación de diferentes artículos que son necesarios para el consumo o el funcionamiento de industrias nacionales. Asimismo, debido a que la exportación de gas al Brasil y la Argentina disminuye cada vez más y se avizora que en poco tiempo ese energético tendrá que ser importado para el mercado nacional, también ha bajado la cantidad de ingresos económicos a las arcas nacionales.