En la semana que termina y después de cinco largos meses, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó los datos de las reservas internacionales (RI). ¡Eureka! ¡Gracias a San Lenin!, se escuchó entre los agentes económicos, personas y empresas que estaban tomando decisiones financieras y comerciales a oscuras.

s frecuente que personajes, partidos políticos y gobiernos repitan equívocos que condujeron al país a crisis políticas, revoluciones, insurrecciones y pérdida de territorios. Un ejemplo de esa naturaleza ocurrió a principios del siglo pasado, trayendo luto, pobreza y tragedia a nuestro país. Efectivamente, el Partido Liberal repitió la política económica de impulsar exclusivamente la extracción y saqueo de las riquezas minerales nacionales para beneficio de empresas internacionales que casi nada dejaron para el país, excepto sangre, dolor y lágrimas para las masas populares. Esa política fue impulsada bajo los títulos de “industrialización”, “soberanía”, “progreso.

En una economía de mercado como la que está vigente en nuestro país, con sus virtudes y fallas, la población observa que los precios de diversos productos suben cada cierto tiempo o, en otros casos, algunos artículos de la canasta familiar mantienen su valor, pero han disminuido su calidad o tamaño. Por tal situación, la demanda popular es que las autoridades nacionales hagan los mayores esfuerzos para aplicar medidas orientadas a evitar aumentos excesivos de precios en los mercados de abasto. Se repite la costumbre de elevar precios de productos ante cualquier señal de crisis económica, particularmente por comerciantes o intermediarios, con la finalidad de enriquecerse a costa de la economía depauperada de la mayoría de la población. Y hasta ahora no hay forma de parar ese abuso, en casi todos los mercados de consumo y centros comerciales.

La propiedad privada es la piedra angular del desarrollo económico y del florecimiento del ser humano. Sin propiedad privada no existen incentivos productivos y no existe dignidad personal. Sin propiedad privada sobre el fruto de nuestro esfuerzo no tiene ningún sentido levantarse en la mañana para enfrentar el mundo, formar una familia y trabajar para el bienestar de nuestros hijos. Sin propiedad privada no hay esfuerzo ni vida que valga la pena.

El artículo 56 de la Constitución Política del Estado determina que toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social; garantiza el mismo siempre que el uso que se haga de la propiedad no sea perjudicial al interés colectivo y garantiza también el derecho a la sucesión hereditaria, lo que echa por tierra cualquier pretensión de los gobiernos masistas de proclamarse “socialistas”.

En la semana que termina y después de cinco largos meses, el Banco Central de Bolivia (BCB) presentó los datos de las reservas internacionales (RI). ¡Eureka! ¡Gracias a San Lenin!, se escuchó entre los agentes económicos, personas y empresas que estaban tomando decisiones financieras y comerciales a oscuras.

La semana pasada se presentaron los informes sobre el desempeño económico del país, de parte de la Fundación Milenio, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y el Reporte de calificación de riesgo crediticio de Moody’s, parecían haberse alineado las voces de los “opinadores” que observan y valoran la situación económica del país de un modo que el administrador del Estado parece no querer verlo, lo que conlleva un riesgo aun mayor, pues no se trata ya de la magnitud de un eventual colapso, sino, de cuán preparados estamos para afrontarlo.

Las fronteras de Bolivia están perforadas por mafias organizadas que trafican de todo. La vulnerabilidad del territorio nacional es evidente cuando se cuenta que el contrabando mueve más de 3.000 millones de dólares cada año o cuando se sabe que hay tráfico sin control de drogas y de personas. El sumun de esta dramática realidad se vivió el pasado fin de semana, cuando un ciudadano chileno fue baleado por intentar recuperar su camión robado que circulaba impunemente en nuestro país.

El pasado 5 de mayo, después de 40 meses, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia sanitaria global por el covid-19, la pandemia que, según ese organismo de las Naciones Unidas, causó 765 millones de contagios y 20 millones de muertes. El secretario general de la OMS aclaró, sin embargo, que el virus no ha desaparecido y que se debe mantener la vacunación y las medidas preventivas; además advirtió que el mundo tiene que prepararse para otras pandemias que inevitablemente nos afectarán en el futuro.

Bolivia es un país verdaderamente privilegiado. Como pocas naciones en el mundo, el país ha avanzado muchísimo, no solo en cuanto a su “seguridad alimentaria”, sino en la “soberanía alimentaria” lograda para casi todos los alimentos básicos, excepto el trigo y la harina de trigo, de cuya importación todavía dependemos altamente.

Al plantear discusiones respecto a los cultivos transgénicos, la principal preocupación de la población es el impacto que estos tendrán en la salud de las personas. Como académico y científico, debo acudir a la amplia evidencia científica de publicaciones revisadas por pares y que reflejan el consenso científico. Debo mencionar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma que "no se han demostrado efectos en la salud humana como resultado del consumo de alimentos transgénicos por parte de la población en general en los países donde han sido aprobados" en su sitio oficial.

A raíz de una sugerencia, en sentido de que el patrón monetario boliviano sea sustituido por el yuan chino, se ha producido un fugaz debate en torno a ese asunto de significativa importancia para el país. La propuesta fue respaldada en forma favorable por el Presidente del Estado Plurinacional, aunque recibió la oposición de algunos círculos políticos y financieros.

Resulta controvertido poder señalar el pulcro modelo económico de nuestro Estado, peor aún si tal señalamiento proviene de fuente extranjera que no es del agrado de nuestros gobernantes, pero es imprescindible hacerles notar que las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) no reflejan la calidad de vida de los habitantes de un país y tampoco es el único para medir su bienestar social.

Durante los 14 años de vigencia de la Ley N° 1732 (de Pensiones), desapareció la solidaridad en la seguridad social de largo plazo, ya que el sistema de pensiones se convirtió en individual, particular y egoísta, estableciendo que el trabajador solo aporte para sí mismo, sin importar lo que sucediese con los demás, lo cual ocasionó que los ingresos de casi todos los jubilados no alcanzaran ni al 25% de su promedio salarial.

La recuperación de un camión que fue robado en la ciudad chilena de Calama y hallado en la localidad de Challapata, tras una arremetida con disparos de arma de fuego contra los dueños del vehículo, muestra otra vez más al municipio orureño como un lugar peligroso y donde operan bandas delincuenciales dedicadas a la internación de vehículos no solo indocumentados sino también robados en diferentes ciudades del vecino país.