La Gran Depresión empezó con una fuerte caída de la bolsa en agosto de 1929. La debacle financiera se expandió rápidamente a los sectores productivos y terminó sumergiendo a los Estados Unidos en una profunda recesión que duró diez años

Nos podríamos plantear el modelo de desarrollo económico que quisiéramos: de libre mercado, social de mercado, socialista, capitalista, o cualquier otro, más allá de nuestras simpatías y antipatías, sin desmerecer la importancia del adecuado manejo de las variables macroeconómicas de un país -en lo cual son expertos los buenos economistas- creo que un aspecto relevante de cualquiera de estos modelos debería ser el de la preminencia de los valores humanos, la moral y la ética de las personas que gobiernan, de los representantes que elegimos para legislar y fiscalizar, de los nombrados para administrar e impartir justicia, así como de los gobernados: empresarios, sociedad civil u organizaciones sociales.

“Un nuevo modelo económico donde el productor sea incentivado y protegido por el Estado, es necesario; veo preocupante la situación de Bolivia en cuanto a alternativas económicas de aquí en adelante; las leyes deberían premiar las actividades productivas y renovables que generan empleo, como la agricultura, piscicultura y ganadería, tal como hacen otros gobiernos; garantizar precios al agricultor pero dejar libre la exportación; que el Gobierno acoja a los agricultores y los ganaderos, que dé condiciones para que el capital extranjero venga a invertir en vez de que se vaya”, me dijo un inversionista brasileño -productor agrícola en Santa Cruz- de profesión economista y amigo, además.

A medida que se acerca el 22 de enero, instituido en 2010 como el Día del Estado Plurinacional por el expresidente Evo Morales, es inobjetable que crece la pugna interna en el MAS, alimentada por los intereses de grupos que componen el oficialismo. Lo que ha dejado entrever esta estructura interna fue la fulminante destitución del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, quien presuntamente era el candidato a ministro de su área en representación de una de las corrientes más fuertes en el oficialismo, la del expresidente Evo Morales.

El Gobierno ha retrocedido en la aplicación de los decretos supremos 4640 y 4641, que establecen la obligación de presentar, para el acceso a oficinas públicas y establecimientos privados, el carnet de vacunación o, si no se dispone de este documento, de una prueba PCR que garantice que la persona no tiene Covid. Inicialmente, se había previsto que esas medidas se aplicaran desde el 1 de enero de este año, lo cual, por presiones de sectores sociales antivacunas, fue postergado hasta el 26 de enero, para finalmente dejar sin efecto estas normas contra la crisis sanitaria.

Pero ¿qué clase de pregunta es esta? dirá usted. Bueno, déjeme ponerle en contexto. Imagine, por un momento, que desde el año 2005 los Gobiernos de turno hubieran decidido repartir los ingresos del gas a cada boliviano. En concreto, si la recaudación por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (aprobado por Hormando Vaca Diez) y los ingresos de la llamada “nacionalización” se hubiesen dividido en partes iguales a todos los bolivianos, sin importar la edad, el sexo, la condición de pobreza... es decir, cada uno tendría, como muchos le llaman, “su cuota parte”. ¿Cuánto hubiésemos recibido?

“Un nuevo modelo económico donde el productor sea incentivado y protegido por el Estado, es necesario; veo preocupante la situación de Bolivia en cuanto a alternativas económicas de aquí en adelante; las leyes deberían premiar las actividades productivas y renovables que generan empleo, como la agricultura, piscicultura y ganadería, tal como hacen otros gobiernos; garantizar precios al agricultor pero dejar libre la exportación; que el gobierno acoja a los agricultores y los ganaderos, que dé condiciones para que el capital extranjero venga a invertir en vez de que se vaya”, me dijo un inversionista brasileño –productor agrícola en Santa Cruz– de profesión economista y amigo, además.

La agenda pública se ha concentrado en casos de corrupción, la composición del gabinete, la obligatoriedad del carné de vacunación y el enfrenamiento entre narrativas de desarrollo. Estamos a inicios de año y, si bien las inscripciones escolares comenzaron y las universidades están promocionando sus servicios, poco o nada se ha discutido sobre cómo reanudar las clases en los colegios. La actual crisis sanitaria se ha transformado en el experimento social más grande de la historia contemporánea porque ha implicado medidas extraordinarias como confinamientos, cierres de negocios “no esenciales”, aforos limitados, entre otros.

La inversión extranjera directa (IED) no es nada más que la transferencia de capitales provenientes del extranjero, al tercer trimestre de 2021 alcanzó a $us 635 millones, ampliamente superior al mismo periodo de 2020, este dato macroeconómico conlleva una recuperación económica internacional y, sobre todo, nacional.

No puede dejar de llamar la atención la realización de multitudinarias y suntuosas fiestas en el área rural que, en plena pandemia, dejan de lado cualquier protocolo de distanciamiento y seguridad recomendado para dar rienda a la diversión por varios días. Son festejos acompañados frecuentemente de grupos musicales que llegan desde diferentes países para alegrar y hacer bailar a los comensales.

El país está mejor, según el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Con algunos datos, no muchos, el mandatario buscó la manera de convencer a los ciudadanos de esa afirmación. El Día del Estado Plurinacional emitió un mensaje en el que volvió a pedir unidad y en el que insistió en que el país ya está en la senda de la recuperación económica, aunque hay muchos datos que demuestran que no es tan así, que las cifras macro no necesariamente reflejan lo que ocurre en cada hogar.

Varios opinadores realizaron comentarios sesgados de la composición del Presupuesto General del Estado (PGE), desinformando a la población, con un interés más político, carente de sentido y utilizando falsedades para respaldar sus posturas. Por lo que corresponde aclarar que, la literatura económica señala que el PGE, constituye en un instrumento de suma importancia en el diseño de política económica, que determina y estima los ingresos y gastos de una economía, compuesta por todas las entidades públicas, para la ejecución de políticas públicas.

Un rol importante de todo Banco Central se direcciona en velar por el poder adquisitivo de la moneda nacional, así como en preservar la estabilidad del sistema financiero; de igual manera, nos referimos a un comunicado de prensa del Banco Central de Bolivia (BCB), el pasado 11 de enero de 2022, en el cual se hace alusión sobre el estado de la liquidez del sistema financiero (SF) y sobre el crecimiento en la cartera de créditos: más aun haciendo referencia que los niveles actuales han superado a las gestiones precedentes; lo cual, merecería cierta prudencia, toda vez que la liquidez del SF no ha superado los niveles alcanzados en Dic. 2015 equivalente a más de 2700 millones de USD en su momento; de hecho a Dic. 2021 se tendría -21% y -19% respectivamente para enero/2022 en comparación con el período en referencia (véase la figura precedente).

Todo indica que, para el Gobierno, los profesionales son inútiles. Un Ensayo del Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica (Inaset), a ser publicado en próximos días, muestra que el índice de empleo de profesionales en el sector público creció a un promedio anual de 4% entre 2006 y 2020, mientras que el de “directivos” lo hizo al 6%, “obreros” al 7%, y el de “eventuales” al 12% (seis veces el aumento de la población económicamente activa, PEA). Además de menor demanda relativa por profesionales, el índice de su remuneración real cayó en -0,4% anual, pero creció al 2,1% para “personal de servicio”, al 4,1% para “obreros”, y al 7,0% para “eventuales”.

Con motivo de la compra de unos respiradores, el presidente Arce ha firmado que: “Son de tecnología suiza, no china, porque el pueblo merece lo mejor”. La aseveración es sin duda un desliz diplomático respecto de uno de los principales socios económicos y políticos de Bolivia.