Bolivia comenzó 2022 con la noticia de que las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, que preside Evo Morales y cuyo instrumento político es el MAS, recibirán 1,6 millones de dólares de la estatal YPFB Transporte S.A. por concepto de una compensación colectiva por los impactos socioambientales derivados de la construcción del Gasoducto Carrasco-Cochabamba en 2008.

La revelación hecha por el propio presidente de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, de que YPFB Transportadora les “compensará” con “más de un millón de dólares” (que, de acuerdo a la empresa, en verdad son 1,6 millones de dólares) ha desatado, como corresponde, un nuevo escándalo.

A 11 días de celebrarse el Día del Estado Plurinacional, las fricciones en el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por la conformación del gabinete de ministros del presidente Luis Arce continúan. Facciones al interior del partido azul buscan contar con representación en el Ejecutivo, además del presunto retorno de exministros de Evo Morales.

La guerra interna del MAS está al rojo vivo a medida que se acerca la fecha del supuesto cambio de gabinete. Denuncias por aquí, filtraciones por allá, memes por el otro lado, el caso es que los oficialistas de las diferentes corrientes están “trabajando” duro para sacarse del camino al potencial rival.

Bolivia terminó el 2021 con la agenda mediática y política girando alrededor de nuevos escándalos de corrupción. Este es un problema estructural que impide el desarrollo nacional, destruye la credibilidad en las instituciones y autoridades estatales y pervierte los valores sociales, enriqueciendo a quienes no se destacan por su trabajo, emprendimiento e inventiva.

Con el fin de alcanzar objetivos de largo plazo planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, el Programa de Gobierno 2010-2015 y la Agenda Patriótica 2025, en los últimos quince años se ejecutó en el país un ambicioso programa de inversión pública que logró dinamizar la actividad económica a corto plazo e incidir favorablemente sobre el crecimiento económico, manteniendo, sin embargo, bajos niveles de eficiencia y calidad y una escasa transparencia en el acceso a la información

Gracias a la ley del oro, hasta la mitad de los lingotes del BCB puede ser canjeada por unos 1500 M$ que esperan ser gastados o invertidos. De ahí el título de esta columna, que parafrasea una popular canción del gran Papirri. Una pista la da el discurso, más carismático que sólido, de mitad de gestión del presidente Luis Arce: proveer de billetes verdes al BCB para capear la actual efervescencia cambiaria. O sea, se fortalecerá el tipo de cambio fijo y habrá divisas (¿suficientes?) para importar insumos, medicamentos y bienes de capitales, con el fin de que la economía no se detenga.

En los últimos días se ha producido en nuestro país un intenso debate público sobre el eventual uso del renminbi como moneda alterna al dólar estadounidense en las transacciones comerciales. El tema generó mucha controversia y varios analistas y políticos se apresuraron a apoyar o rechazar la sugerencia, que además puso muy nerviosos a destacados economistas que alertaron de una eventual desdolarización, obligando al Gobierno a aclarar que no existe una decisión en este sentido y que, de darse este extremo, sólo involucraría al comercio con el gigante asiático y no con el resto de países.

En Argentina, desde el arribo de Sergio Massa al “superministerio” de Economía hace nueve meses, se habla con frecuencia del “Plan Llegar”: la batería de medidas puestas en marcha por el político peronista para que la administración Fernández-Fernández llegue a las elecciones nacionales de este año, evitando un salto a la hiperinflación y en condiciones de perder por menos, ya que la victoria de su alianza es prácticamente imposible.

Tres incidentes en la última semana y al menos siete en el año en curso son los que han tenido las naves de Boliviana de Aviación (BoA), la línea aérea bandera de los bolivianos que puso en peligro a los pasajeros. La situación es de alta gravedad porque estamos hablando de la vida de personas que confían en una empresa estatal para transportarse de un punto a otro. El tema no sería tan preocupante si no hubiera una negación de parte de quien está llamado a dar garantías de funcionamiento, es decir el ministro de Obras Públicas y los ejecutivos de dicha compañía.

Industrialización con sustitución de importaciones es la frase que se está escuchando cada vez más en el país, y es que se trata de una de las principales políticas del Estado que impulsa el presidente Luis Arce para llevarnos a producir lo que consumimos y darle su lugar a la producción nacional, y para ello no está escatimando esfuerzo en fomentar la creación de industrias nacionales en ciudades y poblados, aprovechando las fortalezas naturales de cada región.

La energía es la mayor fuente para mover las ruedas de la economía mundial. Esta realidad hace que cualquier operación de apertura de opciones a los poderosos petroleros mueva valores considerables y expectativas sobre nuevos caminos financieros. Así, el desarrollo del creciente uso de la energía eléctrica despierta inversión y tecnología. En este contexto, un análisis del gigante asiático y segundo mayor PIB del mundo, a punto de superar a Estados Unidos.

Hace una semana, en su mensaje con motivo de los dos años y medio de mandato, el presidente Luis Arce Catacora se refirió, entre otros aspectos, a la posibilidad de “transar en yuanes chinos, antes que en dólares estadounidenses” en las operaciones bolivianas de comercio exterior.

La discusión necesaria de la coyuntura, peor aún en épocas turbulentas como las actuales, puede hacernos perder de vista el objetivo último de desarrollo económico y social inserto en las diversas agendas mundial, nacional y departamental. A inicios de siglo encontré en un documento sobre América Latina y los fenómenos naturales una definición de desarrollo que me encantó: el proceso mediante el cual un país aumenta sus potencialidades y reduce sus vulnerabilidades.

Tres incidentes en la última semana y al menos siete en el año en curso son los que han tenido las naves de Boliviana de Aviación (BoA), la línea aérea bandera de los bolivianos que puso en peligro a los pasajeros. La situación es de alta gravedad porque estamos hablando de la vida de personas que confían en una empresa estatal para transportarse de un punto a otro. El tema no sería tan preocupante si no hubiera una negación de parte de quien está llamado a dar garantías de funcionamiento, es decir el ministro de Obras Públicas y los ejecutivos de dicha compañía.