La Cámara de Diputados, no con pocos sobresaltos y estridencias parlamentarias durante más de 20 horas de debate, fue la primera en aprobar el Proyecto de Ley N° 219/2022-2023 “Compra de oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales” del Estado Plurinacional de Bolivia; dos semanas después, la Cámara de Senadores, en otra maratónica sesión, esta vez de 10 horas, aunque con menos histrionismo que en el caso anterior, sancionó esta importante norma conocida coloquialmente como “Ley del Oro”, cuyo espíritu es incrementar las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB), muy venidas a menos durante los últimos años, lamentablemente.

A partir de 2025, el gobierno de Luis Arce planea producir 692 millones de litros de biodiesel anualmente. La principal motivación de la medida sería reducir la importación estatal de diésel y gasolina a precios altamente subvencionados. Sin embargo, existen varias inconsistencias productivas y económicas por detrás de la propaganda oficial de “industrialización con sustitución de importaciones”.

Dice el presidente Luis Arce que, “a la larga”, el yuan chino reemplazará al dólar norteamericano, por lo que recomienda no preocuparse por los dólares. El problema es que la moneda china sólo se usa para 7% de las operaciones comerciales del mundo, mientras el dólar es usado por 88% de las transacciones.

A pesar que estaban en duda algunos planes oficiales de industrialización, han cobrado actualidad los anuncios publicados por las empresas de publicidad que contrata el gobierno, acerca de la instalación de algunas industrias, con la esperanza de que proporcionarán jugosos ingresos a las agotadas arcas del Estado, urgido de fondos para cubrir diversas necesidades, en medio de la crisis en desarrollo.

El Gobierno central dispuso el incremento para las rentas del Sistema de Reparto y del Sistema Integral de Pensiones (SIP) para mantener el poder adquisitivo de los jubilados, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ciertos políticos del ala evista del oficialismo han sugerido que la crisis económica en curso va a terminar en una hecatombe como de la primera mitad de los años 80, cuando gobernaba la Unidad Democrática y popular (UDP).

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense ha dominado el comercio mundial, convirtiéndose de esta manera en una moneda de aceptación global, con valor de uso y valor de cambio universalmente aceptados, vale decir que cualquier ser humano podía dirigirse a cualquier país con dólares y poder cambiarlos a la moneda local para adquirir lo que quisiera. Sin embargo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sacudió el orden global económico.

El presidente Luis Arce finalmente admitió que los dólares escasean. Es una buena noticia, pues desde que empezaron a desaparecer, las autoridades ensayaron varias estrategias para hacer de cuenta que “aquí no pasa nada”. Es más, hasta la fecha Arce sigue manteniendo la tesis de que todo va bien, y que “desde adentro” como “desde afuera” se busca posicionar una idea de crisis económica, pero que su Gobierno “proyecta llegar al Bicentenario con un país estable y con crecimiento

El 12 de mayo se produjo en Bolivia un hito histórico: las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas entregaron formalmente la administración de los fondos de pensiones al nuevo régimen de Gestora Pública de la Seguridad Social de Bolivia. Este traspaso marca el fin de un sistema deficiente de pensiones basado en cuentas individuales y el comienzo de un modelo público. Hay muchas dudas y grandes expectativas.

La creación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), con la promulgación de la Ley N° 2646, del 1 de abril de 2004, formó parte de una serie de medidas que puso en vigencia al gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, para reducir el déficit fiscal, que el año anterior (2003) sobrepasó el 8 % del PIB.

Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) se han encargado de enarbolar la lucha contra la corrupción, incluso, el primero se autoproclamaba la reserva moral de la humanidad. El decreto supremo 0214 de 22 de julio de 2009, contiene el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía como objetivo fundamental: “cero tolerancia a la corrupción”. La idea central era luchar contra la impunidad y promover la plena transparencia en la gestión pública y la vigencia efectiva de mecanismos de control social en el Estado.

Es saludable que a principio de cada año repasemos la situación laboral. Así podemos comparar la ruta por la que los trabajadores atraviesan. Para lograr un buen diagnóstico se requiere de información. Lamentablemente este año, como en años anteriores, hay ausencia de datos estadísticos. Generalmente cuando hablamos sobre el tema de empleo, anclamos las ideas en la temática del desempleo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) presenta datos preliminares de los indicadores de empleo al mes de abril de 2021, basados en los resultados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE).

La participación del Estado en la economía es muy importante, ya que de esta instancia depende el éxito del desempeño económico de un país, donde el mercado, el sector privado y público participan juntos bajo normas de regulación y con mecanismos de asignación y distribución de los recursos con los que cuenta la sociedad. Por tanto, el desarrollo económico no solo depende de las transacciones económicas realizadas en el mercado por el sector privado, sino también de los bienes y servicios, de las leyes y normas, de la salud y educación, del bienestar social, de la infraestructura, entre otros, que son proporcionadas por el Estado, que contribuyen en la distribución de la riqueza para disminución de la desigualdad y pobreza fundamentalmente.

La Constitución Política de 1938 en su artículo 121 señalaba que “el trabajo y el capital, como factores de la producción, gozan de la protección del Estado”. El 24 de mayo de 1939 se promulga el decreto ley que regula las relaciones laborales, el mismo que el 8 de diciembre de 1942 es elevado a rango de ley bajo el nombre de Ley General del Trabajo (LGT). La actual Constitución del año 2009 no se aparta del constitucionalismo social inaugurado en 1938, sino que lo profundiza. La protección al trabajador está inserta en la LGT, la misma que ha sido parchada en los últimos ochenta años con normas que la reglamentan, complementan y amplían la protección al trabajador. Muchas de ellas cometen una serie de errores filosóficos en su afán de proteger en demasía a la parte laboral. Pero este aspecto no lo vamos a discutir hoy. Se dice que en política o en la religión las personas asumen una posición por convicción y no por la razón. Lo que intentaré en esta oportunidad es polemizar con algo que está ocurriendo en los últimos años y que está afectando en la fluidez y transparencia que deben tener las relaciones laborales. Me refiero a la doble protección o a la distorsión de las relaciones laborales que se producen en la administración de la justicia laboral. Tampoco pongo en cuestionamiento la protección al trabajador.

No hay peores palabras que las que no se terminan de decir. Este año el mundo dirá adiós al petróleo y dará la bienvenida definitiva al litio. Será también el inicio de una gran crisis acompañada de grandes cambios tecnológicos principalmente en los campos de las energías renovables, la propulsión eléctrica en la industria automotriz global, la inteligencia artificial y la computación cuántica.