La autoridad acusó a Página Siete de mentir e inventar datos para perjudicarlo en el futuro. Este medio utilizó información oficial publicada en la página web de la Contraloría General del Estado. El pasado jueves 22 de junio, Página Siete publicó la nota “9 ministros declararon tener bienes menores a $us 30 mil, la oposición desconfía”, en la que se menciona que el titular de Obras Pública, Édgar Montaño, reportó en su declaración jurada de bienes ante la Contraloría General del Estado (CGE) que posee bienes activos por Bs. 185.491.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, prevé que a partir de julio se empiece a pagar los finiquitos a los extrabajadores del extinto Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa) que el lunes bloquearon el centro de la ciudad de La Paz.

Son tres artículos de la Ley de Pensiones los que serán modificados, a través de un proyecto de ley, para incrementar los aportes solidarios de los empleadores y los trabajadores dependientes que ganen más de Bs 13.000.

El Gobierno aseguró ayer que el incremento patronal de 5 puntos porcentuales (pp), de 3% a 3,5% al Fondo Solidario, previsto en el proyecto de Ley de “Modificación a la Ley de Pensiones” no incrementará la informalidad en la economía boliviana.

Luego de que el Gobierno presentara un proyecto de “Modificación a la Ley de Pensiones”, con el fin de incrementar el límite de la pensión solidaria de los trabajadores, analistas aseguran que la propuesta es discriminatoria, pues beneficia sólo a un pequeño grupo de jubilados.

El proyecto de ley “Modificación de la Ley de Pensiones”, (PL 395/22-23) estable que el sector minero metalúrgico -con un aporte de 25- años podrá percibir una Pensión Solidaria de Vejez de Bs 4.710, un 38% más de lo que cobra (Bs 2.900) un jubilado con el mismo tiempo de aporte y un salario promedio de Bs 7.000.

La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados aprobó tres contratos de servicios petroleros firmados entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la empresa Vintage Petroleum Boliviana Ltd. para invertir 504,5 millones de dólares en las áreas Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda.

Entre 2010 y 2020, el Gobierno nacional firmó convenios y contratos con 17 empresas bolivianas y extranjeras para estudios de exploración, según informó Franklin Molina, ministro de Energía e Hidrocarburos.

YPFB pagó 12.032 millones de dólares por costos recuperables a sus subsidiarias y a empresas privadas desde 2007 hasta 2022, de acuerdo a información oficial del Ministerio de Hidrocarburos. Los montos pagados se mantuvieron elevados y se incrementaron incluso después de 2014, cuando la producción de gas comenzó a caer.

El departamento de Tarija dejará de percibir $us 60 millones al año de ingresos por regalías cuando Argentina deje de comprar gas natural desde el 2024, según estimación de la Gobernación. El gobernador Óscar Montes dijo que ante esta situación, se debe pensar en tomar el rumbo en una economía productiva y con visión turística para los próximos años.

De enero a abril de este año, las importaciones bolivianas alcanzaron un total de $us 3.724 millones, cifra mayor en $us 237,9 millones a la registrada en el mismo período de 2022, cuando alcanzó a $us 3.486,4 millones. Este comportamiento, según el boletín estadístico Comex del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), representa un incremento de las importaciones en el período de referencia de un 6,8%.

A pesar de que las autoridades del sector energético aseguran la provisión de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como un incremento en la producción de Río Grande, algunos barrios de las ciudades de El Alto y La Paz sienten la escasez del producto, pues los carros brillan por su ausencia. Los expertos ya adelantaron de una reducción de la oferta debido a la caída de los envíos a mercados externos.

Con el Plan del Sur, la Aduana Nacional (AN) impidió el contrabando de 92 toneladas (t) de alimentos, artículos de limpieza, insumos para animales y bebidas alcohólicas, valuados en 1,2 millones de bolivianos, en Villazón (Potosí), frontera con Argentina.

Ante las denuncias en las redes sociales sobre el incremento en el tipo de cambio en el uso de las tarjetas, por encima del oficial, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) asegura que no existe razón para que las entidades suban el costo de la divisa y señala que las condiciones de relación de bancos nacionales con extranjeros estaría generando el incremento de los costos. La escasez de dólares en el mercado nacional provoca problemas a los usuarios, como elevar sus costos de operaciones y ahora en las transacciones.

En casi un mes, 1.600 personas solicitaron la reprogramación de sus créditos en diferentes entidades financieras del país por un monto de Bs 253 millones, informó este martes la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (Asfi).