Los jubilados insisten en que se modifique la Ley 065 de Pensiones para mejorar las rentas de los aportantes y revisar la administración de la Gestora Pública, contra la que persiste la desconfianza, ya que ésta bajo el control del gobierno de Luis Arce.

En la «Subasta Electrónica 2023» de la Aduana Nacional se oferta 32 toneladas de mercancía decomisada o abandonada en el departamento de Cochabamba. Los interesados pueden participar con una garantía previa de 500 bolivianos, informó el gerente regional de la entidad estatal, Hugo Domínguez.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que el Banco Central de Bolivia (BCB) está reconstituyendo sus reservas internacionales netas (RIN) para hacer frente a un problema “transitorio de liquidez que afecta al país”, reportó el portal Bloomberg.

Los economistas Horst Grebe López y Rolando Morales, describieron a su manera la situación económica del país, en medio de la actual escasez de divisas y las medidas gubernamentales para luchar contra el contrabando de combustible, cuya subvención por parte del Estado causa un permanente debate por ser causante de la pérdida de reservas internacionales junto al déficit fiscal.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, informó que en los últimos días en Washington, Estados Unidos (EEUU), se ha explorado nuevas fuentes de financiamiento para la economía boliviana con organismos internacionales.

El manejo de políticas públicas desprecia el rol del empleo como factor determinante de la calidad y magnitud del crecimiento. En la Bolivia del Siglo XXI, más del 85% de la población ocupada se ubica en el sector informal, sinónimo de alta precariedad, baja productividad, y muy bajos aportes a la generación y agregación de valor. La última década muestra un mayor crecimiento del empleo informal que del formal, en actividades extractivo-rentistas antes que en las productivas que generan valor agregado y empleo, y, en particular, en el sector público más que en el privado, aunque sabemos que la administración pública genera los obstáculos burocráticos que han sido identificados hace 40 años como causas que limitan las inversiones generadoras de valor y empleo. (Figura 1 y Figura 2)

El gobierno del presidente Luis Arce puso en marcha dos decretos para el control de la venta de hidrocarburos con los que prevén ahorrar al menos $us 250 millones este año y frenar el desvío de al menos 250 millones de litros de combustible destinado a las actividades ilegales .

Este domingo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, reiteró que el Gobierno trabaja en la Ley de Hidrocarburos, labor que desarrolla desde hace dos años cuando el propio Molina lo anunció por primera vez. Este domingo dijo que esa norma ya cumplió un ciclo.

Alrededor de 250 millones de litros de combustibles (gasolina y diésel) se desvían al mercado negro y actividades ilícitas, reveló ayer el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

El 80% del combustible que se desvía en el país a actividades ilícitas es dirigido para el consumo de los autos chutos, para la minería ilegal, los bidoneros y revendedores, mientras que sólo el 20% se destina al contrabando, por lo que el plan de control recientemente presentado busca frenar esas actividades, informó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

El empresario y líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina manifestó que no sólo la Ley de Hidrocarburos cumplió su ciclo, sino también el modelo económico.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que, por el impulso de la reactivación de la economía boliviana, en el primer trimestre de 2023 la recaudación total creció 1,3%, respecto del mismo periodo de la gestión pasada.

Entre 2016 y 2019, el Gobierno boliviano invirtió hasta 34 veces más en hidrocarburos que en turismo, y para 2022 se había presupuestado invertir hasta 810 veces más en minería que en turismo, de acuerdo a datos oficiales. Este panorama muestra que el Estado prioriza el extrativismo antes que las actividades económicas más sostenibles, señalaron entendidos en la materia.

El turismo en Uyuni fluye casi con total normalidad, a pesar de los conflictos entre lugareños y algunos propietarios de hoteles en ese municipio. Sin embargo, existe la preocupación de no poder cumplir compromisos con agencias de turismo y empresas extranjeras si persisten los bloqueos y la hostilidad contra los centros turísticos.

Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública de Pensiones, asegura que el pago de las pensiones no será traumático porque se llegó a un acuerdo con diferentes entidades financieras y no se concentrará en el Banco Unión. Considera que apostar por un 5% en la rentabilidad va a mejorar las condiciones del valor de las pensiones que actualmente se están pagando en el país.