La provincia de Jujuy, Argentina, vive momentos de tensión tras las protestas y la represión que se registró el pasado martes por la aprobación de una nueva Constitución local encabezada por el gobernador Gerardo Morales.

El ministerio de Justicia identificó al quinto involucrado por el caso ‘coimas millonarias’. Se trata del ex director de la “Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAYA)”, Ricardo A.B. del C. quien amasó una fortuna de Bs 1.236.941 entre 2021 y 2022, precisamente cuando ingresó a trabajar al ministerio de Medio Ambiente.

Es interesante lo que pasó cuando el expresidente Sánchez de Lozada propuso una nueva Constitución Política. La discusión mediática se centró en los siguientes temas: la edad del proponente, qué tan actualizado está respecto a lo que sucede en el país, por qué no usa redes sociales, la ideología que profesa, con quiénes se reúne, el estado del juicio en su contra, su huida al país del norte, entre varios otros.

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, volvió a cuestionar el funcionamiento de la actual Gestora Pública tras haberse dado a conocer el comunicado de esta entidad estatal. Según el documento, que fue colgado en sus redes sociales, la Gestora Pública sostuvo que la ley 065 dispone en el artículo 153 que esta institución del Estado “contará con un gerente general, quien ejercerá la representación institucional y legal siendo la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva)”.

En cumplimiento al Estatuto Orgánico de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz y tras el reciente fallecimiento de su líder histórico, Rolando ‘Flaco’ Borda, se llevó a cabo este viernes, 23 de junio, la presentación oficial de Sósimo Paniagua como el nuevo secretario ejecutivo interino de esta institución sindical.

La alianza Comunidad Ciudadana (CC) denunció ayer que el Gobierno compró las manillas electrónicas para reducir detenidos preventivos en el país sin que se hubiera aprobado la ley en la Asamblea Legislativa. La oposición lo califica como daño económico al Estado.

La red de corrupción que fue instalada en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua entre 2021 y 2023 involucra a unos ocho exfuncionarios, a los familiares de los principales implicados, personas particulares que conocían de los hechos ilícitos y otras que habrían sido utilizadas para “lavar” el dinero proveniente de las coimas millonarias para adjudicar obras públicas. A esta lista de implicados se suman dos empresas por las que se habrían desviado recursos.

La ecuación es simple: perder-perder. En eso se resume la falta de lucha contra el contrabando en el país. No solo pierden los industriales y emprendedores, que tienen una competencia desleal que los ahoga; también pierde el Estado que deja de recibir impuestos por la importación legal de diversos productos. En síntesis, pierden todos los bolivianos porque se deteriora el empleo, se accede a productos de dudosa calidad y se carece de recursos económicos para áreas esenciales como la salud, la educación, las vías de comunicación, etc.

Los montos destinados a la exploración gasífera en el periodo 2021-2025 a cargo de las empresas privadas son de $us 171 millones, mientras que YPFB destinará otros $us 653 millones para tal fin, en similar periodo. Haciendo un global $us 824 millones.

Ante la consulta de cuántos campos gasíferos y petroleros cuenta el país, cuándo fueron descubiertos y desde hace cuánto vienen funcionando, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía, indicó que en el país hay 16 campos petroleros y 42 campos gasíferos. Estos últimos fueron descubiertos entre 1960-2016 y que hace 61 años se vienen realizando tareas de explotación en Campo Caranda, el más antiguo de Bolivia.

Llegó el día del anunciado proceso de venta de inmuebles del intervenido Banco Fassil. Siete edificios que pertenecieron a la entidad financiera fueron colocados en subasta, con lo que se espera recaudar $us 32,2 millones que servirán para el pago de beneficios a 4.500 trabajadores.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios Productor (IPP), a 12 meses, en Bolivia, se ubica en un 3,65%. El IPP registró en mayo un aumento de 0,67% respecto a abril; la variación acumulada al quinto mes fue positiva de 0,86%, precisaron desde el INE.

La mayoría de los sectores sociales del país se inclinan por el gobierno de turno. Les dan su respaldo y a cambio reciben espacios de poder, cargos en el aparato público y obras. A Evo Morales las organizaciones le dieron todo su respaldo. Lo mismo sucede ahora con Luis Arce en medio de una división profunda que vive el Movimiento Al Socialismo (MAS).

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, confirmó este domingo que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca están invitados para el anunciado congreso de “unidad” de dicha organización, pero al mismo tiempo también volvió a acusar al gobierno por supuestamente intentar destruir a ese instrumento político.

Evo Morales insiste en que el Gobierno de Luis Arce junto a la Fiscalía ejecutan un “plan negro” en su contra. Ayer, el expresidente dijo que buscan incluirlo en una investigación por narcotráfico en la que el excoronel Maximiliano Dávila está detenido. En respuesta, el ministro de Justicia, Iván Lima, reveló que hubo un encuentro con Morales en el que se le demostró que no existe el “plan negro” que acusa y que el exmandatario salió convencido de esa reunión.