Desde hace tres días, el departamento de Santa Cruz experimenta el desabastecimiento de diésel, lo cual generó la protesta de sectores, como el autotransporte y el agropecuario, este último requiere con urgencia el combustible, ya que se encuentra en pleno inicio de la cosecha otoño-invierno.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) informó que, al primer trimestre de 2023, las principales variables del sector bancario dan cuentan de su solvencia y fortaleza, con crecimiento de la cartera y los depósitos, aunque estos últimos con un ritmo menor, debido al contexto de demanda de dólares que ha impactado también en los depósitos en moneda nacional.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) a través de su gerente, Jaime Hernández, denunció que el sector está preocupado porque ha comenzado a escasear el diésel en pleno proceso de cosecha. Dijo que la disminución de provisión del combustible llegó al 60% de lo que se requiere. El dirigente del sector soyero dijo que es fundamental que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) garantizara la entrega de diésel en los volúmenes necesarios para cubrir la demanda de los productores.

Ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación y el Gobierno, el magisterio urbano decidió radicalizar sus medidas de presión desde este 1 de mayo. Una decena de dirigentes de los profesores se crucificaron por algo más de ocho horas y tres determinaron tapiarse. Las medidas se mantendrán hasta obtener una respuesta positiva a sus demandas.

Ante el incremento de los contagios de Covid-19 en un 48% en el departamento en la última semana, el Sedes prevé el inicio de una séptima ola a finales de mayo.

Varios sectores no compartieron el festejo del Día del Trabajador con la marcha progobierno, uno de ellos fue una facción de los trabajadores fabriles y el Sindicato Mixto de Trabajadores Embol S.A., que al grito de “somos fabriles, no somos masistas” pasaron por el centro de concentración preparado por el Gobierno y la COB.

Después de echar la culpa de los desastres del país al Imperio, a la derecha y a la gestión de Áñez, el Gobierno de Luis Arce encontró un nuevo culpable para explicar la crisis energética que nos afecta y el declive de la producción de hidrocarburos: los pozos se han cansado.

En un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) del 26 de abril, con destino La Paz-Santa Cruz-Miami, se trasladó 665 kilos de oro en lingotes, que presuntamente iban a ser depositados en cuentas particulares, denunció ayer el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Manuel Ormachea.

Con el reciente anuncio del plan del gobierno chileno para explotar el mineral, que busca una mayor participación del Estado, se ha intensificado el debate sobre cuál es la mejor fórmula para gestionar un mineral clave en la fabricación de baterías eléctricas.

El descubrimiento del pozo Yope-X1, anunciado por el presidente Luis Arce, representa un aumento del 0,1 por ciento a la producción actual de gas natural y un 0,01 por ciento a la de 2022, según analistas en hidrocarburos.

El Banco Fassil solicitó al Banco Central de Bolivia (BCB) un auxilio de más de 73,3 millones de dólares para solventar sus necesidades de liquidez, pero el ente emisor rechazó ayudar a la entidad financiera.

El pasado fin de semana, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, informó que en el país hay una población con relación laboral de 338 mil personas, las cuales están registrados en el Ministerio de Trabajo.

La Gestora Pública inició ayer la recaudación total de los aportes de los asegurados en medio de filas y críticas de varios sectores que desconfían de la administración del Estado.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas dirigida por el “evista” Hilarión Mamani y la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización conducida por el “arcista” Félix Ajpi deben entregar sus informes sobre la “ley del oro” para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores. Se prevé que el pleno sesionará mañana, según un reporte de ANF.

El Gobierno no tiene la intención de llevar adelante un proceso de elecciones judiciales, además que hay interesados en que se mantenga el sistema actual de justicia, por lo que obstaculizan esta actividad, según asambleístas de la oposición y de un sector del oficialismo.