La mañana de este miércoles, el grupo de Juristas Independientes dio inicio a la cruzada para recabar 1,5 millones de firmas en 90 días, en busca de reformar la justicia vía referendo constitucional. La presentación de esa actividad se llevó a cabo de forma simultánea en los nueve departamentos del país, a partir de las 10:00.

En las nueve capitales de departamento se realizaron cabildos. En algunos determinaron sumarse a la recolección de firmas para la reforma, en otros rechazaron la nueva currícula y crearon un defensor departamental.

Conformar un bloque opositor con un candidato único para las elecciones de 2025. Esa fue la última consulta del capítulo cruceño del ‘Cabildo nacional por la Libertad’ y que fue aprobada por la ciudadanía que llegó hasta los pies del Cristo Redentor para participar de la actividad que concluyó poco después de las 20:00.

El vocero presidencial, Jorge Ritcher, descalificó el denominado “cabildo nacional” y aseguró que lo que se vio este miércoles es que hay mayor capacidad discursiva que capacidad de convocatoria.

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, calificó de positivo el cabildo nacional que se realizó la tarde del miércoles en diferentes departamentos y aseguró que se volvió a ganar las calles.

Con el respaldo de la Iglesia católica, abogados y voluntarios bolivianos emprendieron el miércoles una campaña de recolección de firmas para llevar adelante un referéndum sobre la reforma del Poder Judicial en Bolivia. “¡Basta! Yo firmo”, se llama la campaña que busca reunir 1,5 millones de firmas. El Tribunal Supremo Electoral otorgó los libros para la recolección de las firmas que, según la ley, se realizará por 90 días.

En medio de gran expectativa, se inicia la recolección de firmas para reforma de la justicia que posibilitará cambiar la forma en que se elige a las autoridades judiciales, pero el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) refiere que, de tener éxito, se aplicará en las elecciones próximas y no en la de diciembre. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asesora para los comicios judiciales de este 2023.

Como un hecho histórico calificó el ministro de Justicia, Iván Lima, la decisión del juez Marco Antonio Amaru Flores de declararse competente para juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por las muertes ocurridas en Sacaba y Senkata durante la crisis política de 2019, provocada por la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, acusado por la OEA de incurrir en fraude electoral. Además de eso, el ministro de Justicia calculó que el juicio oral iniciará en tres meses, es decir, en mayo.

Los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Eduardo Rodríguez calificaron de nefasto e histórico el desconocimiento y vulneración de la Constitución, luego que un juez de El Alto decidió que la expresidenta Jeanine Añez sea juzgada en un juicio ordinario y no por juicio de responsabilidades.

Tras la decisión del juez de El Alto, Mario Antonio Amaru, de declararse competente para juzgar a la expresidenta Jeanine Añez, dejando a un lado el juicio de responsabilidades que se había iniciado en la Asamblea Plurinacional, el expresidente Luis Rodríguez Veltzé criticó esta decisión y advirtió que se está vulnerando la Constitución Política del Estado y que esto defrauda a las víctimas de Senkata y Sacaba.

En una semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado de Bolivia por tres casos. En las últimas horas, se pronunció respecto al caso del expolicía Blas Valencia y otros implicados. Observó "violaciones a derechos humanos".

La misión de la CIDH se reunió ayer, miércoles, de forma separada en Sucre, con el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). De manera extraoficial trascendió que les habría exhortado a hacer cumplir las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), en relación a los procesos judiciales sobre los hechos de violencia registrados a fines de 2019 y la reforma judicial en Bolivia.

Luego de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidiera a la Fiscalía investigar el ingreso de armas letales a ese país por parte de los Ponchos Rojos, el dirigente del sector campesino, Ruddy Condori, pidió pruebas de las acusaciones; caso contrario, le dijo que “se calle”, según Urgente.bo.

El Órgano Ejecutivo rechazó el pedido de amnistía para los presos políticos, descartó anular la malla curricular que generó polémica y criticó la advertencia de un revocatorio en contra del presidente Luis Arce.

Para el vocero presidencial, Jorge Richter, la petición de revocatoria de mandato, emanada desde el cabildo nacional el miércoles, evidencia la “preocupación” de cívicos y opositores de “acortar el mandato” del presidente Luis Arce.