La relatora de Naciones Unidas sobre la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, expresó su preocupación por un presunto uso indebido del derecho penal y amenazas contra Waldo Albarracín, por lo cual solicitó información al Estado e le instó a proteger los derechos humanos del exdefensor del Pueblo y de su familia, según reporte de la agencia Erbol.

Representantes cívicos, dirigentes de organizaciones y parlamentarios pidieron ayer que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue el caso del líder cívico de Potosí, Juan Carlos Manuel Huallpa, quien falleció por falta de atención médica debido a que estaba en la clandestinidad por la persecución política y judicial.

Con el objetivo de mantener el mismo esquema de corrupción en el sistema judicial, el gobierno y grupos afines buscan acelerar las elecciones judiciales con el procedimiento vigente, por lo que descalifican y desprestigian la iniciativa de Juristas Independientes de una reforma judicial para cambiar las reglas de designación de las altas autoridades. Pese a estos ataques, este grupo continúa con su proyecto y prevé un referendo para julio o agosto.

El exalcalde de La Paz Luis Revilla, el secretario del Conflictos del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro Subia, y los exministros Yerko Núñez y María Elva Pinckert siguen en la clandestinidad. Por otro lado, el abogado Jorge Valda informó que hay más de un centenar que tramita asilo político en Brasil.

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, teme que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilice el caso Quiborax para inhabilitarlo políticamente, luego que se conociera que el socio de esa empresa, David Moscoso, le inició un juicio por supuesta injuria, difamación y calumnia.

El ala ‘evista’ fue el único bando que aplaudió la decisión de la justicia que ratificó que la reelección indefinida es un derecho humano. La oposición criticó la determinación y anunció una nueva cruzada internacional, mientras que la parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) que apoya al presidente Luis Arce pidió respetar la Constitución, que establece una sola reelección. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó aplicar un fallo internacional de 2021 que establece que “la reelección presidencial indefinida no es un derecho que deba ser protegido por la Convención Americana”.ç

El país está dividido en partes iguales ante la decisión del cabildo de Santa Cruz de empezar un proceso para lograr revocar el mandato del presidente Luis Arce, según una encuesta publicada en las últimas horas.

La esposa del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Fátima Jordán, denunció la vulneración de sus derechos tras el hallazgo de una cámara escondida en la celda donde está recluido el líder opositor y apuntó al Gobierno del presidente Luis Arce por el “abuso”.

Autoridades del Ejecutivo exigieron que Luis Fernando Camacho formalice a la Fiscalía la denuncia por espionaje en su celda, entregando la cámara que habría encontrado; y que muestre que ésta transmitía datos, toda vez que no se halló un cableado.

Desde el 30 de diciembre, cuando su esposo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue enviado a Chonchocoro, Fátima Jordán viaja todas las semanas a La Paz. La salud de Camacho también está en su agenda.

Ante la ola de cuestionamientos, acusaciones y declaratorias de «persona non grata», contra el jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, señaló que el Gobierno boliviano debe dar prioridad a mejorar sus relaciones bilaterales con el vecino país de Perú y sumarse a una posible denuncia internacional contra el dirigente cocalero.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) y exmandatario boliviano, Evo Morales, continúa opinando sobre la crisis que se vive en el Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a un conductor boliviano cuando “trasladaba víveres para abastecer a manifestantes que bloqueaban varios tramos de la carretera Panamericana Sur, en la zona conocida como El Álamo”, según un reporte oficial.

El comisionado Joel Hernández, relator para Bolivia, en contacto con Los Tiempos, refirió la necesidad de que se promueva la modificación de los tipos penales de “terrorismo y financiamiento al terrorismo” debido a que son “tipos abiertos y que no están acotados a parámetros ciertos”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, denunció que los cívicos y políticos de oposición que demandan una amnistía quieren beneficiarse con una medida de estas características, porque se consideran “perseguidos políticos” debido a los procesos que tienen en su contra.