Juan Del Granado fue el abogado de las víctimas de la dictadura de 1980-1981, remonta a ese tiempo para sostener que el intento de juzgar a la expresidenta Jeanine Añez por la vía ordinaria representa la demolición y desconocimiento del Estado de derecho, porque incluso Luis García Meza el “dictador y golpista por excelencia” tuvo derecho a un juicio de responsabilidades.

Cívicos, plataformas ciudadanas y autoconvocados de los nueve departamentos participarán este miércoles del cabildo nacional para exigir la reforma del sistema judicial, defensa de la democracia, la liberación de los presos políticos y la malla curricular; este último punto surgió recientemente. En Cochabamba y Sucre, a falta de representación cívica, el evento quedará a cargo de las organizaciones sociales y activistas.

El presidente Luis Arce afirmó, este martes, que el Gobierno nacional está cumpliendo con las recomendaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) planteó en su informe sobre los hechos de violencia en 2019, y que lo que se quiere es que la delegación de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que llegó al país, observe los avances obtenidos hasta la fecha.

A pocas horas del cabildo nacional por la “democracia y libertad”, que coincide con la visita del delegado Joel Hernández de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, admitió sentirse “escéptico” con la presencia de este organismo internacional.

Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, sostuvo una reunión con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció que un juez cautelar autorizó el juicio ordinario contra su madre por el caso Senkata, pese a que ya existía un requerimiento acusatorio para juicio de responsabilidades.

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a La Paz con el objetivo de evaluar el avance en cuanto a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019. En sus primeras horas en el país, se reunió con el ministro de Justicia, Iván Lima; el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez; y el embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce.

Luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su demanda de vulneración a sus derechos, el excívico cruceño Branko Marinkovic advirtió que, con ese paso, ciudadanos europeos podrán iniciar un juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Evo Morales y sus funcionarios que impulsaron el caso Terrorismo I.

Desde la expresidenta interina, Jeanine Áñez, hasta los dirigentes cocaleros de Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), todos detenidos durante el gobierno de Luis Arce, sufren de violaciones a sus derechos, incluso en el encierro que cumplen en los penales del país, según la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Marina Vargas.

“Es un hecho histórico”. Así el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó la decisión del juez cautelar de El Alto, Marco Amaru, de declararse competente de procesar a Jeanine Añez en la vía ordinaria por el caso Senkata, a pesar de que ya existe un trámite para juicio de responsabilidades.

El fundador de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, manifestó este martes su opinión respecto al juicio por vía ordinaria que se pretende instalar contra Jeanine Añez por los hechos en Senkata, medida que calificó de “terrible distorsión”. Desde su perspectiva, llegará el momento en el que la situación “se dará la vuelta” contra los políticos del partido oficialista.

La Constitución Política del Estado en su artículo 168 señala que el presidente de Bolivia tiene derecho a una sola reelección continua; sin embargo, ese candado no tiene validez porque una sentencia constitucional señala que ese precepto y otros tres son "inconstitucionales" porque la reelección presidencial perpetua es un "derecho humano".

En la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente Luis Arce apuntó en contra de las protestas en Santa Cruz, a las cuales calificó de violentas. El primer mandatario denunció presuntas torturas a funcionarios públicos del Gobierno.

Evo Morales y el grupo radical ‘Ponchos Rojos’ son acusados del ingreso ilegal de armas a Perú. Políticos de la vecina nación sostienen que el jefe del MAS, a través de organizaciones sociales, contribuye al incremento de la violencia.

Con documentos en mano, la diputada de la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, denunció este martes que el expresidente Evo Morales, junto con otros ocho funcionarios de gobierno, cometió injerencia política en el vecino país del Perú al ingresar una y otra vez para participar de eventos políticos.

El diputado del ala evista en el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gualberto Arispe, calificó de mentirosos a los congresistas peruanos que denunciaron injerencia de parte del gobierno de Luis Arce. Dijo que desde Bolivia solo expresan su solidaridad con el pueblo de Perú.