El abogado de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) Jorge Valda, cuestionó duramente al presidente de la sala constitucional, que tenía la tarea de solucionar una controversia por la toma violenta de la casa de los derechos humanos, ahora reconozca la presidencia de Salazar.

La Sala Cuarta Constitucional de La Paz rechazó ayer la acción de amparo constitucional planteada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) contra el activista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Édgar Salazar y llamó a las partes a conciliar de manera interna o recurrir al Tribunal Supremo Electoral para que organice una nueva elección.

Las bajas temperaturas en Bolivia están ocasionando estragos en al menos siete departamentos. Las heladas, nevadas y frentes fríos dejaron cultivos dañados, ganado fallecido e incremento de casos de infecciones respiratorias en Potosí, Oruro, Beni, Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB) que dirige Amparo Carvajal anunció que acudirá a instancias internacionales, tras la toma de su sede por un grupo de choque del MAS. Además, condenó la intromisión política y de la Policía Boliviana durante el asalto de sus oficinas.

La Fiscalía determinó abrir una investigación por tipos penales de corrupción contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, a denuncia de los exministros "evistas", Carlos Romero y Teresa Morales.

Tras el escándalo del envío de cocaína a España desde el aeropuerto de Viru Viru, el Gobierno ratificó su lucha frontal contra el narcotráfico y negó la existencia de ‘peces gordos’ que mueven este ilícito. Por el contrario, el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó a los políticos que manejan el término con “ligereza”. Sin embargo, el exministro de Gobierno Carlos Romero corrigió al portavoz gubernamental y aseguró que desde los años 80 en el país operan al menos siete clanes familiares con ‘peces gordos’ vinculados con mafias internacionales.

En un plazo menor a seis meses, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, estimó que se podrá llegar a una acusación dentro de la investigación en el caso coimas en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua por lo avanzada que se encuentra la investigación.

Claudia Cortez, la testigo clave del caso de cobro de 20 millones de bolivianos en coimas por parte del exministro de Medio Ambiente y Aguas (MMAyA), Juan Santos, reveló que la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, recibió documentos y detalles sobre cómo funcionaba la red corrupción en febrero, pero luego la autoridad no le respondía las llamadas y mensajes, hasta mayo, cuando el escándalo estalló por los medios de comunicación.

La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, acusó al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de usar el caso denominado «narcovuelo» para tapar diferentes actos de corrupción denunciados en Ministerios y otras instituciones estatales.

Tras el escándalo del envío de cocaína a España desde el aeropuerto de Viru Viru, el Gobierno ratificó su lucha frontal contra el narcotráfico y negó la existencia de ‘peces gordos’ que mueven este ilícito. Por el contrario, el vocero presidencial, Jorge Richter, cuestionó a los políticos que manejan el término con “ligereza”. Sin embargo, el exministro de Gobierno Carlos Romero corrigió al portavoz gubernamental y aseguró que desde los años 80 en el país operan al menos siete clanes familiares con ‘peces gordos’ vinculados con mafias internacionales.

Los municipios cruceños de Cuatro Cañadas, Okinawa, San Julian y El Puente están anegados por las aguas luego de intensas lluvias y se calcula de forma preliminar que entre 60 a 80 hectáreas de cultivos, principalmente trigo, han sido afectadas, según el Viceministerio de Defensa Civil.

En un supuesto audio, cuya voz es atribuida al nuevo interventor del Banco Fassil, Luis Gonzalo Araoz, se escucha amenazar a los trabajadores con “chicanear” los posibles juicios laborales que se le podrían abrir si los empleados no aceptan acuerdos y planes de pago para sus liquidaciones. Los trabajadores de Fassil en La Paz expresaron su molestia por el registro sonoro y decidieron romper el diálogo con el interventor.

En las últimas horas se difundió un audio, en el que presuntamente el interventor del Banco Fassil, Luis Gonzalo Araoz, revela que se necesitan al menos $us 32 millones para honrar los sueldos y beneficios sociales a los más de 4.500 trabajadores. Además, les propone un plan de pagos y advierte con alargar el juicio con los empleados si no acceden a este.

Tras la filtración de un audio en el que supuestamente se escucha al interventor del Banco Fassil, Luis Gonzalo Araoz, amenazar con retrasar el juicio a los trabajadores si no aceptan el pago en cuotas, los funcionarios de esta entidad bancaria salieron a las calles en tres departamentos para exigir el cumplimiento de sus salarios y beneficios sociales.

La Fiscalía de Sustancias Controladas de Santa Cruz citó al alto mando nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para que preste declaraciones referentes al caso denominado "Narcovuelo".