España solicitó información del ‘narcovuelo’ el 16 de febrero. Lo hizo a través de los canales confidenciales para el intercambio de información que están regulados por acuerdos internacionales, según conoció EL DEBER de fuentes vinculadas con este caso, tanto en Santa Cruz como en Madrid.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, confirmó hoy que fue él quien ordenó la separación de los altos ejecutivos de Boliviana de Aviación (BoA) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) en Santa Cruz para garantizar la transparencia en las investigaciones relacionadas con el envío de media tonelada de droga a España a través de un vuelo de BoA.

Las evidencias y declaraciones de implicados en el caso del narcovuelo, en el que se transportó 478 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru a España, involucran al personal de cuatro instituciones del Estado, cuyos responsables incurrieron en contradicciones sobre el borrado de los videos de las cámaras de seguridad del día en el que se cargó la droga en un avión de BOA. Finalmente, el ministro Eduardo Del Castillo admitió que una “mafia internacional” del narco penetró al Gobierno por medio de funcionarios de distintas entidades.

El expresidente Evo Morales advirtió este martes que queda comprobado que algunos ministros" ocultan información al presidente Luis Arce, dentro del caso abierto por el envío de cerca de media tonelada de cocaína a España en febrero de este año.

Tras una orden del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel José Illanes, rectificó su versión de que fue en febrero que se conoció de un cargamento irregular enviado a España en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), y aclaró que fue en mayo.

La lucha por la defensa de los derechos humanos en Bolivia no cesa y la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, lo sabe bien. La noche del pasado martes, Carvajal y el exconstituyente Filiberto Escalante se mantuvieron en vigilia en la puerta trasera de la Casa de los Derechos Humanos, esperando poder ingresar.

A diciembre de 2022, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción registró 646 denuncias de corrupción, de las cuales 381 fueron admitidas, 233 transferidas a unidades de Transparencia y 32 rechazadas.

El exministro de Gobierno Carlos Romero, denunció este miércoles que el actual titular de dicha cartera de Estado, Eduardo del Castillo, le inició un proceso penal por denunciar en reiteradas ocasiones una presunta protección al narcotráfico y se ratificó en su versión de que en febrero de este año ya se tenía “pleno conocimiento” del escándalo del narcovuelo.

La tarde de este martes, desde las 14:30, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) interpelará al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, sobre los hechos relacionados a la represión policial durante el paro cívico de los 36 días en Santa Cruz, la supuesta protección a grupos de choque y el bloqueo de la refinería de Palmasola.

El vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, anunció que, una vez la Fiscalía admita la denuncia en contra de dos ministros de Estado, presentarán la lista de testigos entre los que figuran el expresidente Evo Morales y el exministro de Gobierno Carlos Romero, para que cooperen en las investigaciones por el caso del “narcovuelo” a España.

Después de cuatro horas de audiencia, la justicia determinó enviar a Palmasola por el lapso de 60 días a Leni R. L., funcionaria de Aduana y una de las responsables de operar las cámaras de vigilancia del aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“Hay que cerrar la frontera con Perú, porque de allí entra la droga”, dijo el expresidente Evo Morales a propósito de los escandalosos envíos de toneladas de cocaína boliviana a Europa, incluso en aviones de la línea aérea estatal. Esta declaración, hecha en radio Kausachum Coca, del Chapare, donde Morales es dirigente vitalicio, y “comandante”, de los productores de coca, ahonda las diferencias entre los dos países, cuando en Perú un congresista pide la captura del cocalero boliviano, al que acusa de pretender anexar la provincia de Puno a la geografía de Bolivia.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que entre diferentes carteras de Estado se trabaja en un documento que tiene que ver con el mejoramiento y perfeccionamiento de los protocolos de seguridad en los aeropuertos del país.

Asegura que los días son agobiantes y las noches interminables, ya lleva casi una semana en la vigilia. “Si estoy sentada me duele mucho la espalda, si me echo, incluso ese dolor es más fuerte. Pero la gente del MAS que quiere sacarnos ha ofrecido mandarme un ataúd, y van a tener que hacerlo, porque solo muerta dejaré esta medida” dice la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, junto a la puerta de garaje, donde libra lo que ella admite que puede ser la última batalla de su vida.

La jueza cuarta de instrucción en lo penal, Jimena Palacios, negó la acción de libertad presentada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, quien denunció la acción permisiva de la Policía con el grupo de choque del dirigente afín al MAS, Edgar Salazar, que tomó esas oficinas. Para la magistrada, estas acciones no representan peligro para la salud de la activista de 84 años, que mantiene 11 días de vigilia para recuperar esas dependencias.