Según YPFB, en 2017 las inversiones capitalizadas bajaron a $us 298 millones, en 2018 sumaron $us 366,7 millones, en 2019 $us 505,5 millones y en 2020 $us 246 millones.

La justicia rechazó ayer nuevamente la libertad y ratificó la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez por el caso golpe de Estado I, en el que es acusada de sedición, conspiración y terrorismo.

La Fiscalía anunció que analizará el contenido de las cartas de la exalcaldesa difundidas en redes sociales, y reprogramó la declaración de Jhonny para que se haga en unos 15 días por el caso ítems.

El concejal de Santa Cruz de Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón manifestó que ayer subsanaron las observaciones de la Fiscalía para que el expresidente Evo Morales sea citado a declarar por el caso de los ítems fantasmas. Esto debido al lazo que había entre el exmandatario y el exalcalde Percy Fernández.

Uno de los exconcejales que están en la mira negó que tuvieran espacios en el Ejecutivo municipal. También expresó que jamás entablaron un acuerdo con SPT.

La Constitución Política de 1938 en su artículo 121 señalaba que “el trabajo y el capital, como factores de la producción, gozan de la protección del Estado”. El 24 de mayo de 1939 se promulga el decreto ley que regula las relaciones laborales, el mismo que el 8 de diciembre de 1942 es elevado a rango de ley bajo el nombre de Ley General del Trabajo (LGT). La actual Constitución del año 2009 no se aparta del constitucionalismo social inaugurado en 1938, sino que lo profundiza. La protección al trabajador está inserta en la LGT, la misma que ha sido parchada en los últimos ochenta años con normas que la reglamentan, complementan y amplían la protección al trabajador. Muchas de ellas cometen una serie de errores filosóficos en su afán de proteger en demasía a la parte laboral. Pero este aspecto no lo vamos a discutir hoy. Se dice que en política o en la religión las personas asumen una posición por convicción y no por la razón. Lo que intentaré en esta oportunidad es polemizar con algo que está ocurriendo en los últimos años y que está afectando en la fluidez y transparencia que deben tener las relaciones laborales. Me refiero a la doble protección o a la distorsión de las relaciones laborales que se producen en la administración de la justicia laboral. Tampoco pongo en cuestionamiento la protección al trabajador.

El exministro Hugo Siles Núñez del Prado sostuvo que uno de los grandes desafíos de Bolivia en este 2022 es que el país pueda alcanzar consensos para garantizar la pacificación. Agregó que el Ejecutivo también debe apostar por la estabilidad social y política.

El ministro de Salud recordó que la vacuna no es obligatoria, pero los que decidan no vacunarse tienen que garantizar que no son un riesgo para el resto de la población.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció ayer que se aplicarán “medidas jurídicas” contra quienes presentaron estos días acciones populares y recursos de inconstitucionalidad contra los decretos 4640 y 4641, porque “están plagadas de mentiras y falacias” y se está vulnerando el derecho a la salud de la población.

Fue ministro de Justicia de Perú, donde impulsó la reconstrucción del sistema de justicia. Presidió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llegará en febrero.

Uniformados procesados y sancionados con la baja definitiva de la Policía Boliviana, por el motín policial de noviembre de 2019, aún continúan cumpliendo servicio mientras se resuelven las apelaciones presentadas por sus abogados. La mayoría argumentó que las “pruebas” en su contra -recortes de prensa, videos o fotos de redes sociales- carecen de toda legalidad.

El expresidente de Tribunal Electoral Departamental (TED) Tarija Gustavo Ávila anunció que presentará una ampliación de denuncia contra miembros de Comunidad Ciudadana (CC) en esa región por la quema de la sede institución en 2019.

El Ministerio de Economía informó que en 2019 los accionistas de Banco Fassil solicitaron la capitalización de la entidad, pero no demostraron el origen de los fondos; sin embargo, en 2020 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) autorizó el aumento de capital en 106 millones de bolivianos, pese a las observaciones que se realizaron antes.

En el primer día de operación plena de la Gestora Pública, este lunes la situación fue caótica, a pesar de los esfuerzos de los funcionarios que salieron a explicar la hoja de ruta de sus trámites a los aportantes que esperaban en puertas de la oficina central.

YPFB proyectó una producción de 47,38 MMmcd para 2021, la que no se alcanzó. Expertos ven declinación de campos, menor oferta de Margarita y otros factores.