El presidente, Luis Arce, afirmó este lunes que hay un “deseo de dividir” por parte de la "derecha" a las organizaciones sociales, sindicatos y la Central Obrera Boliviana (COB). Arce brindó estas declaraciones en su discurso por el 1 de mayo, Día del Trabajo.

El presidente Luis Arce dijo este martes que sólo “son conjeturas” las distintas versiones negativas que se emiten actualmente acerca de la economía del país e incluso señaló que no interesan muchas de esas opiniones porque, en su criterio, Bolivia está yendo “por buen camino”.

En este 1 de mayo, Día internacional del Trabajo, los líderes opositores del país y expresidentes critican las políticas del Gobierno, exigen un cambio de modelo económico para devolver estabilidad al país y critican a la Central Obrera Boliviana (COB).

El cuestionado ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, aseguró esta jornada que el ente obrero “recuperó la democracia” de un gobierno interino, pero olvidó que él pidió la renuncia de Evo Morales que después generó un vacío de poder.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, anunció este lunes su total respaldo al Gobierno de Luis Arce y sostuvo que están "juntos" de la “mano”. Huarachi también criticó la pelea interna entre legisladores del propio Movimiento al Socialismo (MAS).

Varios sectores no compartieron el festejo del Día del Trabajador con la marcha progobierno, uno de ellos fue una facción de los trabajadores fabriles y el Sindicato Mixto de Trabajadores Embol S.A., que al grito de “somos fabriles, no somos masistas” pasaron por el centro de concentración preparado por el Gobierno y la COB.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo que el Gobierno espera que la Asamblea Legislativa apruebe al menos cinco créditos internacionales por unos 1.000 millones de dólares, dinero que deberá ser inyectado a la economía boliviana a través de la ejecución de diferentes obras.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé habló con EL DEBER sobre el freno a la preselección de altas autoridades del Órgano Judicial, las competencias “irrestrictas” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) al emitir fallos que sobrepasan a otros órganos de poder y la postura de la oposición en la Asamblea Legislativa a la que calificó de “irresponsable”.

Ante una segunda suspensión de la preselección de magistrados por un recurso constitucional presentado por un diputado de Creemos, el MAS plantea elaborar una ley transitoria para garantizar las Elecciones Judiciales de este año. El Gobierno es más amplio y se abre al debate con la oposición ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decida eliminar los comicios. Las alianzas opositoras temen que exista una prórroga de mandato de las autoridades judiciales o un interinato por decreto presidencial.

El Comité Interinstitucional de Santa Cruz se rearticula y alista una reunión para este martes, a las 15:30, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). En el encuentro se buscará determinar acciones contra la persecución, los proyectos de ley cuestionados, entre otros temas.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas dirigida por el “evista” Hilarión Mamani y la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización conducida por el “arcista” Félix Ajpi deben entregar sus informes sobre la “ley del oro” para su tratamiento en el pleno de la Cámara de Senadores. Se prevé que el pleno sesionará mañana, según un reporte de ANF.

Las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron que la sesión de la Comisión de Economía Plural, presidida por el senador del MAS Félix Ajpi, que dio su visto bueno a la ley de compra de oro es “irregular” porque sesionaron legisladores suplentes y titulares que no estaban habilitados ante el pleno del Senado. El parlamentario oficialista dijo que se respetó la normativa.

La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Patricia Arce (MAS), afirmó este miércoles que las elecciones judiciales se perfilan para diciembre y la toma de posesión de las nuevas autoridades para el 3 de enero.

La preselección de magistrados a cargo de la Asamblea Legislativa está en pausa y con pocas señales de avanzar por causa de los desacuerdos entre las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. Tienen propuestas diferentes para continuar con el proceso suspendido por un recurso de inconstitucionalidad. Entre tanto, el ala evistas del MAS y Comunidad Ciudadana (CC) alertaron que el Gobierno espera un fallo “trucho” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anule las Elecciones Judiciales y, de ese modo, blindar las designaciones por decreto o por ley.

El Gobierno no tiene la intención de llevar adelante un proceso de elecciones judiciales, además que hay interesados en que se mantenga el sistema actual de justicia, por lo que obstaculizan esta actividad, según asambleístas de la oposición y de un sector del oficialismo.