El vocero presidencial, Jorge Richter, afirmó que algunos actores de la oposición critican la labor de la CIDH, pues no lograron respaldo para su tesis del fraude en los comicios generales de 2019.

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumple su agenda de trabajo este miércoles en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, con visitas a cárceles y autoridades locales, además de activistas y dirigentes políticos.

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó este miércoles a Sucre, donde se reunió durante la mañana con el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, quien denunció que la justicia es dependiente del poder político.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta transitoria Jeanine Añez, desde las cárceles de Chonchocoro y Miraflores, ambos en La Paz, se reunieron, por separado, con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los “abusos” del Gobierno que se cometieron desde que un juez decidió detenerlos por el caso golpe de Estado I.

El domingo, el presidente Luis Arce y el líder del MAS, Evo Morales, exhibieron sus diferencias durante la celebración del 28 aniversario de su partido. El lunes, las dos facciones aprobaron el reglamento para seleccionar a los candidatos al Órgano Judicial. Además, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reveló que en el oficialismo no existe una oposición rotunda a la ley para vender oro.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza sostuvo que no sabe si el exvicepresidente Álvaro García Linera se está convirtiendo en analista o “está pateando a los dos arcos”. Ello a raíz de sus recientes declaraciones de que el presidente Luis Arce y Evo Morales, jefe del MAS, pueden ser los autores de la victoria o de la derrota del MAS si es que no se reúnen.

Mientras el expresidente Evo Morales hace cada vez más evidente su aversión contra el presidente Luis Arce con ataques diarios a su gestión, su ala radical, también conocida como la bancada evista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), juega a dos bandos y se une con los arcistas para aprobar normas que rechaza la oposición.

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, considera que el exmandatario y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, está desesperado de poder y le recordó que “le guste o no” el presidente es Luis Arce.

La confederación nacional de gremiales se reúne en la ciudad de Cochabamba, instalando su magno ampliado. Los gremiales abordarán dos temáticas muy importantes, principalmente al proyecto de ley de Ganancias Ilícitas que está impulsando el gobierno nacional y el cual rechazan contundentemente.

La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales debate hoy en Cochabamba “varias medidas de presión” contra el proyecto de ley 280 de “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas” que planteó el Ministerio de Justicia a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El gobierno de Luis Arce, a través de la Cancillería, trabaja en un acercamiento con Chile con base en una agenda de siete pilares. El punto principal es una “salida soberana” al mar, tema que a pesar del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Bolivia “no puede renunciar”, subrayó el vicecanciller Freddy Mamani en una entrevista con Página Siete.

El MAS admitió que la preselección de candidatos a magistrados al Órgano Judicial depende de los dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, con los que no cuenta. Sin embargo, ante la división de la oposición, confían en que se pueden lograr los 10 votos que requieren para completarlo.

El abogado constitucionalista Williams Bascopé observó este jueves que el reglamento de preselección para postulantes a magistrados establece que el aval de un sindicato tiene mayor valor, a la hora de la puntuación, que una segunda maestría.

El diputado masista Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, señaló que la Ley 027 no exige ocho años de no militancia política a los postulantes a altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), es decir que pueden renunciar a su militancia incluso un día antes de presentar su postulación.

Los asambleístas opositores denunciaron la posible aprobación del proyecto de ley 280, referida al fortalecimiento de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, a la que denominan “ley mordaza”, por “criminalizar” la protesta social. Los gremiales y el sector del transporte público están en contra de la normativa, pero aún no definieron movilizaciones. Mientras el oficialismo advierte que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) podría aplicar sanciones contra Bolivia sino se aprueba la ley.