Tras el inicio de campaña del presidente Luis Arce, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, también entró la en competencia y publicó fotos en la que viste una polera con el mensaje “Presidente 2025-2030”.

El diplomático y exembajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jaime Aparicio, afirmó que el aislamiento al que el Gobierno somete a la expresidenta Jeanine Añez y al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, constituye una forma de “tortura”, en “complicidad” de una justicia que está bajo su control.

Con el objetivo de sacar fuera de circulación a exautoridades, opositores, cívicos y otros, el Gobierno, con sus brazos operativos del Ministerio Público y la Justicia, recurre a la figura de la ampliación de detención preventiva, que impide a los procesados por diferentes supuestos delitos defenderse en libertad.

Las acciones del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para desconocer la presidencia de Jeanine Áñez ponen en duda la legalidad y legitimidad del presidente Luis Arce y de los legisladores, quienes estarían usurpando funciones, señalaron los abogados constitucionalistas.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ejecuta dos estrategias para llegar a dominar la Gobernación de Santa Cruz. La primera se realiza a través de la vía judicial con una acción de cumplimiento que pide alejar del cargo al gobernador detenido en Chonchocoro, Luis Fernando Camacho. En la segunda busca dejar sin gobernabilidad la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) quitando los curules a los asambleístas indígenas.

El gobernador Luis Fernando Camacho no pudo reunirse con sus colaboradores en el penal de Chonchocoro. Está recluido allí desde el 30 de diciembre y cada jueves atendía a Efraín Suárez, el asesor de Gestión de la institución, para despachar los pendientes de la administración regional.

Las declaraciones públicas de las autoridades dan cuenta de que la devolución de los pliegos acusatorios en contra de la expresidenta Jeanine Áñez fue solicitada desde el Ministerio de Justicia, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) a fines de 2022.

La Fiscalía admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su Gabinete de ministros. Ahora es investigada por “grave daño al patrimonio del Estado”, por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I.

La Fiscalía admitió una nueva denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez y su Gabinete de ministros. Ahora es investigada por “grave daño al patrimonio del Estado”, por la venta de 13.772.980 litros de Jet Fuel A- I.

Jerjes Justiniano Atalá, exministro de la Presidencia y abogado de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, fue citado a una audiencia de Inspección Técnica Ocular por el caso “Golpe de Estado”, sin embargo, no se hizo presente porque tuvo que viajar a Brasil por temas de salud.

La actual jefe de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Economía, Rosario Yeshika Crespo Velazquez, fue designada por el Senado como embajadora de Bolivia ante Cuba.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia penal contra el presidente Luis Arce por dos delitos. Explicó que optó por esta vía tomando en cuenta el antecedente de Jeanine Áñez, quien es procesada en la justicia ordinaria, a pesar de haber sido mandataria del Estado, según un reporte de Erbol.

A meses de realizarse las elecciones judiciales, una evaluación de los comicios de 2011 y 2017 da cuenta de la presión del Movimiento Al Socialismo (MAS) para asegurar que las autoridades electas respondan a los intereses del partido. Ambos procesos se caracterizaron por cuestionamientos a su transparencia y críticas al proceso. Varias resoluciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional dan cuenta de la parcialización al partido gobernante, entre ellas, la reelección indefinida en favor de Evo Morales.

Las organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocadas a un ampliado en La Paz y decidieron rechazar la recolección de firmas que realiza el grupo de juristas independientes para una mejor administración de la justicia. En cambio, propusieron la realización de una "cumbre" por la reforma judicial.

El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció ayer que el gobierno del MAS pretende ratificar el cierre del caso Quiborax mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional que confirmaría la absolución de David Moscoso, socio de la transnacional NMM-Quiborax que inicialmente fue sentenciado por falsificar un acta que dio origen al juicio ante el tribunal internacional de arbitraje de la Ciadi; sin embargo, años después, el Tribunal de Justicia liberó de culpa al acusado.