El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que la Fiscalía Departamental de La Paz rechazó el pedido del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, para que los obispos de la Iglesia católica declaren como testigos por su participación en las reuniones de pacificación en la Universidad Católica de Bolivia (UCB) en La Paz, en la crisis política de 2019.

El analista político, Carlos Cordero, afirmó que el desconocimiento del mandato de la expresidenta interina, Jeanine Añez, provocaría un caos jurídico y político porque quedaría en tela de juicio las leyes que rigieron en el país entre 2019 y 2020, además del propio mandato de Luis Arce.

Oswaldo Marcel Rivas Falon, director de Migración en el Gobierno de Jeanine Áñez, fue el primer exfuncionario detenido de ese gobierno en los primeros días de la gestión de Luis Arce. Después de 27 meses de estar como detenido preventivo, recién la jornada pasada iba a iniciarse uno de los dos juicios que tiene en curso, sin embargo, nuevamente la audiencia se suspendió hasta marzo.

Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, aseveró que esperará el fallo de la justicia sobre la situación del titular Luis Fernando Camacho, para tomar una decisión sobre si asumirá el cargo de gobernador, pero afirmó que no es ni traidor ni cobarde.

La audiencia que debía definir si Fernando Camacho debía continuar o no al frente de la Gobernación de Santa Cruz fue suspendida esta jornada "por falta de garantías".

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural del Senado, Luis Adolfo Flores, anunció que se convocará a las universidades. Y a los colegios de abogados para el proceso de preselección de los candidatos, rumbo a las elecciones judiciales.

El pedido de citar a obispos de la Iglesia Católica dentro de las investigaciones penales abiertas por el Ministerio Público dentro del caso de supuesto golpe de Estado, solo busca criminalizar y estigmatizar los esfuerzos de mediación y pacificación social desplegados por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) que junto a la comunidad internacional contribuyeron a la continuidad democrática en Bolivia, el 2019, manifestaron juristas independientes que buscan una reforma judicial.

Los Juristas Independientes apuestan por alianzas con los vecinos y las brigadas móviles para avanzar con las firmas de adhesión ciudadana con miras a la reforma judicial vía referendo popular.

La comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, integrada por senadores y diputados, debatió el proceso de preselección de candidatos y postulantes a las elecciones judiciales.

El ala “evista” del MAS se declaró en emergencia y propuso que la Asamblea Legislativa conforme una comisión especial que investigue a Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por el presunto “lobby” que habría realizado con empresas internacionales para el negocio del litio en Bolivia. Mientras que, desde la otra vereda, el “arcismo” descalificó la denuncia y pidió una retractación.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente Luis Arce aseguró que "ambiciones personales muestran su lado más perverso". El mandatario emitió ese post luego de que un diputado evista denunciara que el hijo del mandatario estaría involucrado en supuestos "negociados" del litio.

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) vuelve a la carga contra los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo; de Justicia, Iván Lima; y de Salud, Jeyson Auza. Asegura que “conspiran y dividen” al partido y además no están “ni siquiera inscritos” en filas masistas, según el secretario político nacional, Adrián Fulguera, y el diputado Daniel Rojas. Ambos consideran que “deben dar un paso al costado” en el Gabinete.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, informó este jueves que la sala plena considera el 29 de octubre como fecha tentativa para la celebración de las elecciones de los altos magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ante el avance silencioso de la recolección de firmas para la reforma judicial y la adhesión voluntaria de centenares de ciudadanos a la iniciativa de juristas independientes, el Gobierno y las organizaciones sociales afines endurecen sus ataques contra este sector, al calificarlos de abogados de la derecha, señalando que es un atentado contra las naciones indígenas y las mujeres, y que, de aprobarse, se aplicaría en 2029.

En Bolivia, la cruzada para la recolección de firmas destinadas a impulsar la reforma judicial está próxima a colectar 400 mil firmas. La meta en una semana más, cuando se cumplirá un mes de la campaña, es superar el medio millón, informó el abogado constitucionalista y uno de los juristas independientes que promueve la iniciativa, José Antonio Rivera.